HB amenaza con el inicio de "la cuenta atrás" porque se incumplen los acuerdos sobre presos

Herri Batasuna considera que los derechos de los presos de ETA no se respetan y que, para garantizarlos, "todos los plazos se han agotado, estamos en la cuenta atrás".Lo dijo ayer el diputado autonómico Karmelo Landa, que no explicó a qué cuenta atrás se refería. El consejero de Interior del Gobierno vasco, el peneuvista Juan María Atutxa, declaró a Antena 3 TV que es la coalición radical la que se ha plegado a aceptar en la Cámara de Vitoria el acercamiento de los presos, cuando hasta hace muy poco mostraba en las calles pancartas con el lema "acercamiento = dispersión".

HB tiene prisa para que se ponga en práctica el acuerdo que votó el 3 de octubre en la Comisión de Derechos Humanos, junto al PNV, EA e IU, y ha pedido que la comisión se reúna de inmediato y elabore un "calendario preciso" para cumplir todos los apartados de la resolución.La protesta de los parlamentarios de HB miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara vasca (Landa, Santiago Hernando y Jone Goirizelaia) se debe al retraso en la reunión de la comisión, prevista inicialmente para mañana.

El presidente de la comisión, el peneuvista José Antonio Rubalkaba, explicó que se debe a simples cuestiones organizativas y anunció que se reunirá "el próximo jueves, día 24, si finalmente se soluciona un pequeño problema de agenda".

HB considera que el acuerdo de primeros de mes hay que ponerlo en práctica ya, porque, según Landa, "el plazo para respetar los derechos de los presos se ha terminado, después de 18 años". Para la coalición radical, la negativa del Gobierno central a aceptar el acuerdo no puede ser excusa para su incumplimiento.

"No es necesario esperar. Con una mínima voluntad se puede empezar a trabajar", afirmó la letrada y diputada Goirizelaia. "Jamás vamos a tolerar que un acuerdo tomado aquí se quede sin cumplir porque Madrid ha dicho que no", añadió Landa.

Goirizelaia explicó los cinco puntos del acuerdo que, a su juicio, se pueden cumplir de inmediato: trasladar a la Península a los presos de ETA que se encuentran fuera; excarcelar a los tres reclusos gravemente enfermos, de acuerdo con las normas penitenciarias; poner en libertad condicional a los 125 presos que han cumplido las tres cuartas partes de la condena; respetar los derechos de los reclusos, y, finalmente, acercar los presos a sus lugares de origen.

Atutxa pide reflexión

Por su parte, Atutxa pidió ayer a la sociedad española que haga una interpretación más precisa de lo ocurrido en el Parlamento vasco y de cómo se han movido las fichas. El consejero de Interior recordó que HB se negó, el 28 de diciembre de 1995, a sumarse a un acuerdo del Parlamento vasco "porque le parecía inaceptable e insuficiente".Aquella resolución, según Atutxa, se adoptó con la abstención del PP y pedía el traslado de los presos vascos "a las cárceles de Euskal Herria", mientras que ahora HB se ha sumado a otra que pide el alojamiento de los reclusos en prisiones "cercanas al País Vasco".

El cambio tiene por objeto, explicó el consejero, "evitar el reagrupamiento, al que nos oponemos". Atutxa subrayó el derecho a la libertad inmediata de José Antonio Ortega Lara, secuestrado por ETA desde el 17 de enero, y recordó que el primer acuerdo del Parlamento sobre acercamiento de presos data de diciembre pasado.

El presidente del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza, y el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, reiteraron las posiciones discrepantes de ambas Administraciones sobre los presos de ETA, en un almuerzo que celebraron en Vitoria el pasado viernes, informa Europa Press. Mayor Oreja reiteró que la política penitenciaria es competencia del Gobierno central y que cualquier medida sobre presos de ETA debe ser individualizada, mientras el lehendakari mantuvo la necesidad de cumplir el acuerdo del Parlamento vasco.

El secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxà, declaró ayer en el Congreso que no se debe vincular el acercamiento de los presos y la liberación de Ortega Lara. "No tiene nada que ver", dijo, porque el Gobierno "tiene claro que los presos no pueden ser moneda de cambio".

Para Martí Fluxà, la relación que establece el PNV supone "tratar dos problemas de forma conjunta, cuando requieren un tratamiento radicalmente diferenciado". El secretario de Estado desmintió a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, según la cual Interior abona 84.000 pesetas al mes para los gastos de cada miembro de ETA confinado en la República Dominicana. Aseguró que no tiene "ni idea" de quién paga, pero que Interior "no pone un céntimo".

El magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Martín Canivell, que instruye la causa sobre los vídeos de ETA difundidos por HB en la pasada precampaña electoral, tiene previsto examinar hoy con las partes personadas el contenido de las cintas. También escuchará la publicidad radiofónica de la coalición para las últimas elecciones, infórma