Lluvia de criticas a la oposición de Serra a cumplir el fallo del Supremo

La postura del ministro de Defensa, Eduardo Serra, partidario de que el Gobierno no ejecute la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo si éste se pronuncia en favor de la desclasificación y entrega a los jueces de los documentos del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA, recibió ayer duras críticas por parte de Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco y varias asociaciones de jueces y magistrados.

El coordinador general de IU, Julio Anguita, acusó a Serra de "torpedear el Estado de Derecho e intentar impedir que la justicia se aplique". Según declaró a Europa Press TV, "Serra fue promovido a ministro con un objetivo muy claro: impedir como sea que se aplique la ley".

El dirigente del Partido de la Nueva Izquierda Diego López Garrido afirmó, por su parte, que la actitud de Serra equivale a declararse insumiso frente al Estado de Derecho.

El portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, Iñaki Anasagasti, cree que Eduardo Serra está actuando "como si estuviera juramentado para entorpecer la labor de la justicia".

El portavoz de Coalición Canaria en la Comisión de. Justicia e Interior del Congreso, Luis Mardones, opinó que el ministro de Defensa "está en su papel" al oponerse a la desclasificación de los papeles del Cesid, si bien cree que "prevalecerá el criterio" de Aznar de efectuar la desclasificación si lo pide el Tribunal Supremo.

Casos extraordinarios

El secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Luis Requero, afirmó que "las posibilidades que la ley da a un ministro para negarse a cumplir una sentencia hacen referencia a casos tan sumamente extraordinarios que no serían aplicables".La portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, María Tardón, señaló, en ese sentido, que "por mucho que el ministro de Defensa alegue que se pueden encontrar dictámenes jurídicos en los que basar su posición, el Gobierno está obligado al acatamiento de las resoluciones judiciales, porque así lo establece la Constitución".

Por su parte, el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso Suárez, explicó que Serra se ampara en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, "una norma preconstitucional que establecía una potestad absolutamente desorbitante del Gobierno y de la Administración".