El Gobierno espera captar de inversores privados 400.000 millones para agua

El Gobierno espera ofertar en los próximos cuatro años a la iniciatlva privada proyectos de infraestructuras hidráulicas y negocios de explotación de recursos hídricos por valor de 400.000 millones de pesetas, según afirmó ayer el secretario de Estado de Agua y Costas, Benigno Blanco. Ese es el objetivo que impulsó la modificación de la Ley de Aguas incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1997.

En esta norma, pendiente de discusión en el Parlamento, se dice que, "para la construcción, conservación y explotación de obras vinculadas a la regulación de los recursos hidráulicos, su conducción, potabilización, desalinización, saneamiento y depuración e aguas residuales, las administraciones públicas podrán utilizar el contrato de construcción y explotación que se regirá por los preceptos contenidos en esta Ley...".

Este marco jurídico permite obviar las rígidas condiciones de la Ley de Contratos del Estado y otorga a los concesionarios la facultad de ocupar y usar los terrenos y bienes de dominio público necesarios para la construcción de las obras y la producción de los bienes y servicios a los que se destina.

De igual modo, el concesionario puede utilizar en su beneficio la expropiación forzosa de "bienes, terrenos y derechos afectados, en los términos fijados en el contrato de concesión", así como cobrar tarifas cuya cuantía decidirá el propio Ministerio de Medio Ambiente o las confederaciones hidrográficas, a las que se autoriza crear sociedades mixtas con ese fin.

Benigno Blanco cree que esta modificación normativa atraerá al capital privado y dará trabajo al sector, afectado por una merma importante en su cartera de contratos.

Contratos paralizados

Ayer mismo, la asociación de empresas consultoras de ingeniería civil Tecniberia formuló una queja por el bloqueo de 10.000 millones en contratos que debían haberse resuelto. En una carta remitida el 12 de septiembre a Benigno Blanco, que aún no ha contestado, Tecniberia dice que hay al menos 122 concursos en obras hidráulicas, cuyo plazo de resolución -una vez abiertas las plicas- han superado con creces los 90 días reglamentarios. "Si se tiene en cuenta que el 2% de cada contrato está avalado por 40 o 50 licitantes, resultan muchos millones inmovilizados, que limitan o suspenden las líneas de crédito de nuestros asociados", según Tecniberia.Para Cristina Narbona (PSOE) y Pedro Antonio Ríos (IU), la modificación que pretende aprobar el Gobierno supone una quiebra en las bases asumibles por todas las fuerzas políticas para consensuar el Plan Hidrológico, al introducir a la iniciativa privada en un tema tan sensible sin pactarlo previamente. Aunque este tema no salió a relucir en su comparecencia en el Senado, Benigno Blanco reprochó al ex ministro José Borrell haber adjudicado a dedo 30.000 millones desde enero a mayo, al tiempo que les legó una deuda de 70.000 millones en expropiaciones pendientes de pago.