Éxito provisional

EL ACUERDO con los sindicatos en el desarrollo del Pacto de Toledo sobre las pensiones supone un importante éxito del Gobierno, aunque sea provisional. El precio es aplazar una respuesta a los problemas que se plantearán inexorablemente antes de 20 años en el sistema público de pensiones: un plazo que para los políticos es una eternidad, pero que resulta acuciante para los técnicos que detectaron hace años la inviabilidad, por razones demográficas, del actual sistema. Ese aplazamiento, más algunas divergencias con el articulado, hacen dudar sobre la conveniencia, de suscribir el acuerdo a una patronal que, por otra parte, comprende su incidencia en la paz social. La posibilidad de un pacto paralelo Gobierno-patronal ha sido rechazado por los sindicatos.El Pacto de Toledo, cuya primera virtud fue conseguir el consenso político y social sobre la necesidad de reformar el sistema público para garantizar su viabilidad, ha cumplido así su primer objetivo, al ser ésta una reforma negociada y no impuesta. Introduce, además, modificaciones en cuanto a determinados ingresos como la eliminación de algunos topes de cotización de las empresas. Igualmente, alarga de 8 a 15 (de momento, a 13 en el 2001) el número de años sobre los que se calculará la pensión y modifica el peso que cada año tiene para calcular la cuantía de la pensión, con vistas a conseguir que cada cual reciba una prestación más acorde con lo que ha cotizado. Prevé, igualmente, la separación paulatina de las fuentes de financiación de las pensiones contributivas -que se pagarán con las cotizaciones- de las asistenciales y la sanidad -que se financiarán con impuestos generales-. Otra novedad es la constitución de un fondo de reserva donde irá a parar el posible superávit de ingresos por cotizaciones para afrontar periodos con déficit. Hasta ahora, este excedente se ha dirigido, año tras año, a financiar el déficit en sanidad. En adelante, sólo podrá destinarse a pagar pensiones.

Desde el lado de los gastos, sin embargo, la reforma ha sido mínima, lo que explica la facilidad con que los sindicatos han suscrito el acuerdo, y la resistencia, a firmarlo por parte de la CEOE, que aspiraba a una reducción de las cuotas empresariales. Ese desenlace permite al Partido Popular reforzar la imagen centrista y de independencia de la patronal que intenta acreditar el ministro de Trabajo, Javier Arenas. A los sindicatos, el pacto les garantiza el mantenimiento del status quo y alejar los temores de que la derecha recorte, por el lado de las pensiones, el Estado de bienestar. Pero el aplazamiento de los problemas de fondo arroja dudas sobre la virtualidad que el Pacto de Toledo pueda tener a más largo plazo.

El pacto se ha firmado con una vigencia hasta el año 2000, un periodo para el que no se prevén tensiones. De ese año al 2015 éstas se verán aliviadas por las reformas ahora adoptadas, ya que es un periodo de escasa incorporación de jubilados al sistema porque corresponde a la generación de la posguerra. El problema, según los expertos, llegará a partir del año 2015, y para entonces el pacto no servirá. Es su gran fallo. El pacto -si bien introduce importantes dosis de racionalidad- no define las pensiones del siglo XXI como se pretendió en un principio. Habrá que preguntarse si el logro de que unos y otros, cada cual por sus razones, hayan abandonado esa pretensión no saldrá demasiado caro en un futuro próximo. El pacto deberá revisarse, y quién sabe si reformarse en profundidad, y nadie garantiza que para entonces perdure el clima de consenso y diálogo que ahora ha existido. Basta recordar que el modelo de pensiones que ahora se consagra con este acuerdo -aunque corregido- le valió al Gobierno socialista de entonces una huelga general. Esa revisión, por otra parte, puede dar nuevas alas a aquellos que defienden que el sistema público es inviable y sólo ven la solución en su privatizacion, sin admitir que es precisamente su revisión la que garantiza su existencia.