No he de callar

La atenta lectura de la carta de Patricia Guerrero Fernández, del 19 de septiembre, me ha hecho evocar el escrito crítico de Quevedo "No he de callar, por más que...", dado lo poco riguroso de sus afirmaciones o la desinformación que en ella transmite.En primer lugar, lamentar las ¿extrañas? circunstancias por las que ha discurrido su itinerario laboral, aunque, tal y como indica, si alguna de éstas eran ilegales, siempre le queda la denuncia judicial para solventarla, como a cualquier empleado público.Pero han sido sus continuas referencias al pago de sus impuestos como base del cobro de los haberes de los empleados públicos lo que está fuera de lugar. A los empleados públicos también nos detraen todos los meses de nuestro sueldo el correspondiente porcentaje, que sirve para pagar la sanidad, el desempleo, la educación, las ayudas a empresas, etcétera, lo cual es lógico en un Estado social y democrático de derecho, pero posiblemente en los trabajos que ha desarrollado no ha tenido que pasar unas oposiciones en leal

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competencia con otros miles de personas, no ha tenido que, para superar éstas, haber sacrificado dinero y mucho tiempo para, en muchos casos, "no hacer lo que es lo mío".

No sé si la señora Guerrero sabe que no es la primera vez que por ley se nos arrebata un derecho fundamental como es la negociación de las condiciones de trabajo; que unilateralmente este Gobierno, y también el anterior y en aras a una solidaridad con la nación, ha roto convenios colectivos y acuerdos con funcionarios previamente firmados con los empleados públicos, que han supuesto desde el año 1993 una pérdida de un 11% de su masa salarial y, por tanto, de su poder adquisitivo, pero desde entonces no he visto que hubiera una disposición legal que recortara los beneficios de las compañías que sistemáticamente anuncian unos beneficios astronómicos y que son las grandes beneficiarias de conseguir los objetivos de Maastricht, no usted o yo-