La desclasificación de los 'papeles del Cesid' será examinada por dos salas del Tribunal Supremo

La Sala Segunda, de lo Criminal, del Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse sobre si reclama al Gobierno la desclasificación, de los papeles del Cesid que pidió la acusación popular del caso GAL. El juez instructor, Eduardo Móner, desestimó dicha petición el pasado mes de junio pero, tras la decisión de la Sala Segunda de abrir la espita de las apelaciones, el instructor les remitirá previsiblemente hoy él recurso de: la acusación para que la Sala resuelva si reclama o no los documentos al Gobierno. Este recurso es distinto el trámite de admisión que hoy estudiará el pleno de la Sala Tercera, de lo Contencioso, Tribunal Supremo, contra el acuerdo del consejo de Ministros que denegó la desclasificación.

El embrollo está servido. Ahora tendrán que ser dos, en vez de una, las salas del Tribunal Supremo que se pronuncien sobre la petición al Gobierno de los papeles del Cesid. A la Sala Segunda el asunto le va a llegar de rebote por una de sus propias decisiones: la de que el juez instructor tramite los recursos de apelación de las partes, adoptada en contra de la negativa de Móner a llamar a declarar al ex presidente Felipe González. El pasado mes de junio, el instructor del caso GAL , Eduardo Móner, rechazó replantear ante el Gobiemo de José María Aznar la desclasificación de los papeles del Cesid que exigía la acusación popular, alegando que dicha petición ya había sido desestimada por el Ejecutivo socialista. Móner consideró "indudable" que si el nuevo Gobierno encontraba razones para remitirle los documentos, lo, haría sin necesidad de insistencia por parte de los jueces.

Móner recordaba que la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción dejó claro que un juez "no puede imponer sin más al ministro responsable la entrega de documentos clasificados como secreto oficial". Por tanto, consideró "innecesario" replantear la solicitud al gobierno de Aznar.Batería de recursos

La acción popular criticó duramente la decisión del instructor, contra la que presentó recurso de reforma ante propio Móner -que lo desestimó- y subsidiariamente, otro de apelación ante la Sala, que el juez no tramitó siguiendo *su línea de no tramitar las apelaciones ante el pleno de la Sala Segunda.

Sin embargo, el pasado 5 de septiembre la Sala obligó a Móner a tramitar el recurso de apelación contra su decisión de no llamar a declarar a Felipe González, decisión que dió paso a, que la Sala tenga que examinar un torrente de apelaciones (recursos que se celebran con vista pública). Hay entre 12 y 15 pendientes, que Móner había tramitado o estaba tramitando como recursos de queja (se resuelven a través de escritos, sin vista).

Entre éstas estaba, olvidada ya, la petición de desclasificación de los papeles del Cesid. Ayer, diversas fuentes del Supremo coincidieron en que, efectivamente, la Sala Segunda tendrá que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, aunque con un matiz importante: si decidiese dar la razón a la acusación popular y pedir al Gobierno que desclasifique los documentos, éste podría negarse, de la misma manera que los denegó a los jueces de la Audiencia Nacional y fue respaldado después por la sentencia del Tribunal de Conflictos.

Paralelamente, la Sala Tercera, de lo Contencioso, tiene que decidir hoy en pleno si admite a trámite cuatro recursos que se han interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Ministros que no desclasificó los papeles del Cesid.

La diferencia estriba en que si la Sala Tercera dicta en su día una sentencia que dé la razón a los recurrentes y obligue al Gobierno a entregar los documentos secretos, "esos papeles deben ir a la Justicia sin discusión", según explicó ayer el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger.

Auger explicó en RNE que en este supuesto no habría ya un conflicto con el Gobierno, sino que se trataría de la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo contra un acto del Gobierno, de obligado cumplimiento para la Administración. Los cuatro recursos que hoy examinará la Sala Tercera han sido interpuestos por el abogado y ex senador de Herri Batasuna Iñigo Iruin, los abogados de la acción popular José Luis Galán y Teodoro Mota, la Asociación contra la Tortura y el ex embajador de España en Sudán, Pedro García Trelles.

El ex ministro del Interior, José Barrionuevo, declaró ayer que la polémica suscitada por la negativa a desclasificar los papeles del Cesid "es una desmesura" aunque matizó que no cree que a título personal dichos documentso le beneficien o perjudiquen.José Barrionuevo reclamó de la Justicia que se utilice el mismo rasero para valorar las pruebas que pueda haber en los papeles del Cesid, "robados y manipulados" por el coronel Juan Alberto Perote, y las cintas grabadas al abogado de etarras José Miguel Gorostiza en el locutorio de la cárcel de Alcalá-Meco, en las que se escuchaban sus propuestas de atentar contra directores de prisiones. Gorostiza fue absuelto el pasado marzo ante unas "pruebas ilícitamente obtenidas", por el mismo tribunal que el martes declaró que los papeles de Perote pueden ser "válidos como indicios".