Autonomía con muletas

División de opiniones. El sistema de financiación autonómica aprobado el pasado lunes para el periodo 1997-2001 tiene riesgos y ventajas, según los expertos consultados. Los peligros son un coste indeterminado y la posibilidad de que aumenten las diferencias entre regiones ricas y pobres. Lo positivo es que se rompe por primera vez en España el clásico modelo de que el Gobierno central tiene la ingrata función de recaudar y las comunidades la agradecida tarea de gastar. El resultado es un sistema que nace de los equilibrios que el Gobierno ha tenido que hacer para contentar a las comunidades del PP y a sus socios nacionalistas.Entre los expertos que elaboraron el libro blanco sobre financiación autonómica -que hace año y medio lanzó por primera vez la idea de un impuesto sobre la renta compartido-, en el que se ha inspirado el Gobierno para el nuevo modelo, no hay acuerdo sobre los resultados. Uno de ellos, Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, cree que no se ha construido un verdadero sistema de corresponsabilidad fiscal. Por el contrario, Joaquím Solé, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona, entiende que el paso que se ha dado es muy importante.

"Se ha empezado por el final", afirma Carlos Monasterio. "Lo que se discute no son unas buenas reglas de funcionamiento, sino que lo importante es cuántos duros me puedo llevar a mi autonomía", añade. El sistema, explica, "adolece de una miopía absoluta", ya que "se ha abordado un problema de capital importancia en una negociación entre comunidades, cuando debería haber intervenido el Parlamento, igual - que se está haciendo con el - Pacto de Toledo [sobre las pensiones]".

Para Joaquím Solé, otro de los cuatro autores del libro blanco, el anterior sistema estaba obsoleto y el nuevo da un buen paso hacia la corresponsabilidad. Además, el modelo es positivo porque establece garantías para impedir impuestos sobre la renta muy dispares y "pone muletas" para conseguir que no aumenten peligrosamente las desigualdades entre las regiones. En opinión de Solé, ello es compatible con la venta a lógica que deben tener las comunidades que, "hagan mayor esfuerzo".

Entre los estudiosos de la materia, la coincidencia es mayoritaria sobre la imposibilidad de cuantificar en este momento el coste del nuevo modelo. La factura irá ligada al ritmo de aumento de la recaudación del IRPF estatal, en cada territorio y en relación al incremento del PIB nominal (crecimiento económico más inflación), como explica Ignacio Ezquiaga, de Consultores de las Administraciones Públicas. "Todas ellas son variables difíciles de predecir", afirma Ezquiaga, si bien constata que el IRPF ha aumentado por debajo del PIB nominal en los últimos años y que las comunidades con mayor potencial de crecimiento son aquellas con un nivel de riqueza más bajo.Tampoco se atreven a asegurar qué comunidades saldrán ganando o perdiendo. Lo que sí se pretende evitar con el nuevo modelo es que las diferencias sean muy grandes., Para ello garantiza en primer lugar que todas las comunidades aumentarán su financiación con el 15% del IRPF -el 30% cuando todas tengan transferida la Educación- en la misma, proporción que el PIB nominal estatal. En este caso, el beneficio es claro para las comunidades de atrás. No obstante, el acuerdo final ha introducido una cautela que beneficia al Gobierno central: si el crecimiento del IRPF estatal es inferior al del PIB nominal sólo se cubrirá hasta el 90% del primero.

Si una comunidad no logra equiparar con ello a la media de las demás su nivel de financiación global -IRPF, tributos cedidos, tasas y participación en los ingresos del Estado-, el Gobierno central garantiza también que aportará fondos a esa comunidad hasta cubrir el 90%. Y habrá una tercera red, por si la anterior no basta, que equipara en un 90% al final del quinquenio la financiación por habitante que percibirá cada comunidad en relación a las demás.

.Para el catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid Roberto Centeno, todo este sistema "encarecerá el costo de funcionamiento de las Administraciones públicas". El modelo autonómico "cuesta ya dos billones de pesetas, al año, más que otro modelo descentralizado que se hubiera construido racionalmente y con un riguroso control del gasto y del endeudamiento", añade Centeno. Además, "incrementará la desigualdad interterritorial, ya que el modelo quiebra seriamente el papel redistributivo del mecanismo de ingresos y gastos públicos".