El Congreso rechaza la comparecencia del fiscal general a petición propia

Las relaciones institucionales entre el nuevo fiscal geperal del Estado, Juan Ortiz Úrculo, y el Congreso de los Diputados comienzan con un traspié jurídico. Ortiz Úrculo se dirigió a la Cámara y solicitó comparecer en ella con el propósito de explicar las líneas generales de su actuación al frente de la fiscalía. La Mesa del Congreso, por unanimidad, se vio ayer en la sorprendente obligación de responder negativamente a tal petición porque en el estatuto del ministerio fiscal no existe ninguna previsión en la que se sostenga la comparecencia a petición propia.Pero no se rasgarán las togas. Ortiz Úrculo terminará acudiendo a la Cámara, aunque no precisamente porque él lo pida, sino porque le llamen. Ayer mismo, la Mesa dio trámite a una solicitud de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-IC) en la que se demanda la presencia del fiscal general para que cuente ante la Comisión de Justicia e Interior todos los propósitos que le animen en su gestión. La Mesa de la Comisión decidirá, en definitiva, el día en que Ortiz Úrculo deba acudir al Congreso. Lo previsible es que sea pronto.Presupuesto no cerrado

En lo referente al presupuesto tanto de las Cortes Generales como del Congreso y el Senado, las largas reuniones que mantuvieron el lunes pasado las Mesas conjuntas de estas Cámaras no bastaron para que se pudiera llegar aún a conclusiones definitivas. Ayer, la Mesa del Senado sí aprobó el presupuesto de la Cámara alta para 1997, que asciende a, 5.446 millones de pesetas, un 1,76% más que este año. Hoy será cuando la Mesa del Congreso afine decididamente sus números, aunque la determinación unánime es que en ningún caso aumenten por encima del 2% o el 3%.

Con toda probabilidad, según señaló su portavoz, Joan López de Lerma, no se llegará al 3% y, por tanto, se mantendrá la subida presupuestaria "por debajo del IPC [Indice de Precios al Consumo] y muy por debajo de la realidad económica de 1996, ya que los aumentos se producen sobre un presupuesto prorrogado en 1996 del de l995".

López de Lerma explicó igualmente que los ajustes tratan de transferir mayores cantidades de dinero a los diferentes grupos parlamentarios, pero sin que eso signifique "en ningún caso", según matizó, que "se esconde dinero hacia los diputados".

El portavoz confirmó que el acuerdo unánime de los miembros de las Mesas estableció el crecimiento cero en los emolumentos que los diputados y los senadores percibirán durante 1997 tras la congelación de los de los funcionarios.

También anunció López de Lerma que las dos instituciones que dependen de las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo y la Junta Electoral Central, verán rebajadas sus asignaciones económicas. Para la primera, en concreto, se había barajado un aumento del 5%, pero ya no se producirá.