Una sentencia pone en peligro la plaza de 40 catedráticos

EL Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha (lado a la Consejería de Educación del Gobierno regional un último plazo, que expira la próxima semana, para ejecutar la sentencia dictada por la sala provincial de Santa Cruz de Tenerife que anula el primer concurso de catedráticos convocado en 1991 y resuelto en 1993. Cuarenta catedráticos podrían perder su condición de tal de aplicarse esta sentencia. Con esa iniciativa, el alto tribunal trata de poner punto y final a una polémica de años, salpicada de denuncias contra el mencionado concurso para adquirir la condición de catedrático de enseñanza secundaria.La raíz del conflicto radica en la aplicación por parte de Educación de "un criterio corrector que alteró drásticamente la puntuación final de los concursantes". El TSJC reconoce que esta modificación se realizó mediante una resolución secreta que "colocó en situación de indefensión a los participantes".

Dicha irregularidad, que contraviene las normas básicas que rigen este tipo de convocatorias, se ha visto agravada por el hecho de que gracias a ella adquirieron la condición de catedráticos familiares de miembros de los tribunales y altos cargos de la Administración canaria, entre ellos el propio director general de Personal de la Consejería de Educación, Jesús Torrent. El fallo judicial sostiene que Torrent Samperio actuó como juez y parte y puntualiza que "debió de abstenerse de intervenir porque su doble condición hacía desaparecer cualquier atisbo de imparcialidad".

"Imposibilidad material"

Según las estimaciones iniciales del colectivo de afectados, un mínimo de 40 de los casi 500 catedráticos podrían perder tal condición si se aplicara el baremo sin el mencionado criterio corrector, amén de otras presuntas irregularidades denunciadas posteriormente como la de aunar cursos para sumar mayores puntuaciones. Las denuncias se han presentado tanto a nivel individual como colectivo por un grupo de 200 profesores que se sienten perjudicados, y ha dado lugar a varios pronunciamientos por parte del Tribunal Superior.La Consejería de Educación se aferra precisamente a la existencia de sentencias contradictorias, puesto que el primer pronunciamiento judicial dictado por la sala de Las Palmas de Gran Canaria resultó favorable. La imposibilidad de presentar un recurso de solicitud de unificación de doctrinas por tratarse de temas de personal ha dejado escaso margen de actuación a las autoridades educativas de la comunidad autónoma; no obstante, la secretaria general técnica, María Teresa Larrea, anunció que la Consejería de Educación no ejecutará la sentencia por "imposibilidad material".