El fiscal no cree que el Supremo deba asumir aún la investigación sobre los fondos reservados

El fiscal del Tribunal Supremo José María Luzón Cuesta, ha consideado "improcedente" que la juez sustituta Ana María Pérez Marugán haya remitido el sumario de los "fondos reservados" a la Sala Segunda del alto tribunal, según un, informe fechado el pasado 9 de septiembre. El dictamen del fiscal del Supremo se remite al "muy completo informe" del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en el que éste señalaba el pasado julio que la investigación no estaba aún madura para ser remitida al Supremo. El informe del fiscal contrario a la intervención del Supremo no es vinculante para la Sala Segunda y la decisión corresponde ahora al magistrado, ponente, José Antonio Martín Pallín.

El fiscal del Tribunal Supremo coincide con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en que, según la doctrina de la Sala Segunda, no es éste el momento en que el alto tribunal- debe asumir la investigación sobre el caso de los fondos reservados.En un informe realizado por el fiscal jefe anticorrupción el pasado 17 de julio, Jiménez villarejo indicó a la juez sustituta Pérez Marugán que no existían, indicios contra el diputado del PSOE José Barrionuevo que justificaran la remisión de la causa al Supremo, por lo que aconsejaba a ésta que investigase el patrimonio personal del ex ministro del Interior.

El fiscal anticorrupción recordaba a la juez que con el nuevo Código Penal sólo es punible el uso de fondos reservados para el enriquecimiento, propio o ajeno, o su destino a fines ajenos a la función pública. Por tanto, no hay delito en el desvío de fondos reservados para fines públicos ajenos al uso legal previsto, como son el pago de abogados, ayudas a víctimas del terrorismo y subvenciones a comisiones judiciales o a sindicatos policiales.

Para Jiménez Villarejo, la instrucción del sumario realiza do por la juez. Pérez Marugán no se dirigió sustancialmente hacia lo que tenía que haber sido su objeto principal, determinar si los fondos reservados se han usado por los que tenían su disposición "para el enriquecimiento personal propio o ajeno". Por ello, el fiscal jefe anticorrupción propuso a la juez que investigase los patrimonios y propiedades de los imputados en la causa. Según Jiménez Villarejo, el "único indicio" de malversación por presunto desvío a gratificaciones millonarias de altos cargos de Interior lo constituía una declaración del ex director general de Seguridad, Julián Sancristobal, que, en opinión de este fiscal "debería verificarse y contrastarse para determinar sus consistencia".

Pese a que el fiscal anticorrupción consideró procedente elevar la causa al Supremo "cuando se concreten los indicios contra Barrionuevo", la juez sustituta, decidió su remisión al alto tribunal a principios de septiembre.

En su informe al alto tribunal, la juez Pérez Marugán trata de aprovechar a su favor el informe del fiscal anticorrupción y señala que parte de los fondos fueron destinados- al "patrimonio particular" de responsables políticos de Interior, -gobernadores civiles y altos cargos- o de interventor es del Ministerio de Hacienda, pero también al "patrimonio, particular" de algunas víctimas del terrorismo con daños exclusivamente materiales, -cómo la fallecida esposa de Manuel Fraga, que recibió 30 millones por el atentado que destruyó su chalé de Perbes o al "patrimonio particular" de familiares de algunos agentes de la Guardia Civil fallecidos en acto de servicio, pero no por terrorismo.

La juez incluyó en su exposición al Supremo la "compra de joyas para regalar a terceras personas sin 'vinculación jurídica con el ministerio del Interior" y el desvío de fondos para "gratificaciones a empleados y funcionarios" de Interior, así como la financiación de actividades de los sindicatos policiales.

Según el criterio del fiscal anticorrupción, al que se ha remitido el del Supremo, los sobresueldos a funcionarios técnicos o auxiliares sin responsabilidad política, o la compra de joyas a esposas de altos cargos por el entonces ministro José Luis Corcuera se inscriben en un capítulo de "evidente ilicitud", pero cuya relevancia penal ha de ser valorada.

Por otra parte, el ex ministro del Interior José Barrionuevo ratificó ayer ante el magistrado del Tribunal Supremo Ramón Montero la recusación presentada contra el magistrado José Luis Manzanares para que éste sea apartado del tribunal que juzgue el caso GAL.