Sobre tópicos y mendaces

Para salvaguardar su pacto con CiU, el Gobierno del Partido Popular pretende colocar un parche financiero al Estado de las autonomías en lugar de afanarse en "arreglar el porvenir de España", como escribiera Eugenio D'Ors. Porque lo que está en juego con la revisión del modelo de financiación de las comunidades autónomas es el futuro político de las mismas, la consolidación de una arquitectura de Estado. descentralizado cuyo soporte financiero se ha venido diseñando desde hace más de una década con la negociación como método y el consenso como principio rector. El debate político no debe ser adulterado ni simplificado: no estamos discutiendo sobre herramientas, sino sobre el funcionamiento y la idoneidad de la propia máquina fabricada con ellas. No estamos discutiendo sobre instrumentos financieros, sino sobre la identidad y las metas del Estado español de las autonomías, articulado sobre los sólidos cimientos de la Constitución, de los estatutos de las respectivas comunidades y de la LOFCA vigente.El Gobierno de Aznar y la Generalitat de Pujol parecen haberse conjurado para romper las reglas del juego, ímponiendo unilateralmente un pacto que ignora el principio constitucional de la solidaridad interterritorial (subrayado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y no afronta la revisión global del sistema al sacralizar la corresponsabilidad fiscal como objetivo supremo, cuando no es más que un instrumento para alcanzar la autonomía financiera. Los intereses creados han primado en la toma de decisiones sobre una cuestión que atañe medularmente al Estado, a su organización política, a su ordenamiento jurídico, a su hacienda y a la prestación de los servicios públicos fundamentales.

Abanderando una falsa exclusiva en su propuesta de corresponsabilidad fiscal, el Gobierno del PP intenta imponer por, las bravas un modelo parcial de financiación, que elige, además, una figura impositiva inadecuada, el IRPF, un despropósito sólo explicable por la obediencia a los intereses de CiU. El IRPF es, en efecto, el impuesto redistributivo por antonomasia, es la figura tributaria que avala el papel del Estado como factor de reequilibrio de las rentas en los distintos territorios que lo integran, es el instrumento de la solidaridad entre Ias naciones y regiones" consagrado por el artículo 2 de la Constitución y remarcado por el 156, 157 y 158 de nuestra Carta Magna.

Se falsea el silogismo cuando se vinculan las posiciones de unas y otras comunidades en este debate a la mayor o menor voluntad política para corresponsabilizarse en los tributos, por un lado, y al mayor o menor compromiso en la generación de riqueza que se presume en cada territorio, por otro. Es el resultado de una perversa coalición: la de tópicos y mendaces. Porque ni el IRPF puede ser la única prueba indeleble, el único signo externo de la corresponsabilidad fiscal, ni puede sostenerse con un mínimo rigor la supuesta pasividad económica de algunas comunidades, verbigracia Andalucía.

Sin entrar en el Cómo llegamos a ser pobres, la espléndida tesis del profesor Pedro Tedde de Lorca que explica la decadencia de Andalucía (el porqué y en beneficio de quién) a partir de mediados del siglo XLX, sí habría que refrescar la memoria sobre algunos indicadores actuales para evaluar el peso de la comunidad autónoma andaluza en la España de hoy. Estamos hablando de la comunidad más poblada y la segunda más extensa del país; la tercera por su aportación al PIB español; la que menos se ha endeudado por habitante en el último quinquenio de todas las comunidades históricas, y la que más ha crecido y más empleo ha generado en lo que va de año, por poner un ejemplo muy próximo.

Andalucía está, además, cumpliendo sus compromisos internacionales (es, entre las que han asumido más competencias, la comunidad más disciplinada en materia de déficit con el objetivo de la convergencia europea); está contribuyendo positivamente al crecimiento del país; al equilibrio de nuestra balanza de pagos (por su tasa de cobertura comercial y por las divisas que ingresa su oferta turística); goza de una situación socioeconómica, de una estabilidad política y de una paz social que están atrayendo inversiones procedentes de medio mundo y muchos recursos financieros procedentes de Europa. En fin, la población activa de Andalucía, la más alta de todas las comunidades españolas, ha crecido desde 1980 el doble que la media nacional y la productividad se ha íncrementado un 40% en este periodo. Sólo desde la ignorancia o la mala fe se pude seguir sosteniendo, pues, el tópico, el cliché, el mito de la región subsidiada, pasiva, que vive y quiere seguir viviendo del resto del país (de subvenciones y subsidios, en términos comparativos, escribiremos en otro momento).

Es una falacia, igualmente, como decíamos, pretender convencer a nadie de que la corresponsabilidad fiscal sólo es auténtica, pata negra, si pivota sobre el' IRPF. Esta interpretación del Gobierno central no resiste la menor crítica y sólo se justifica al dictado de CiU. Porque, digámoslo ya, el Gobierno de Aznar ha lanzado una propuesta que no ha sido capaz ni siquiera de cuantificar, de evaluar con números ciertos, sus consecuencias para todas las comunidades autónomas en el quinquenio para el que se va a establecer este modelo reducido (1997-2001).

La propuesta alternativa de la Junta de Andalucía contempla, por el contrario, la revisión global del sistema y garantiza la suficiencia, la solidaridad y más autonomía financiera por todas y cada una de las comunidades autónomas.Está, además, avalada por muchas de las conclusiones y sugerencias del Libro Blanco, el trabajo elaborado por el llamado grupo de expertos que con más rigor se ha aproximado hasta ahora a la búsqueda de un modelo definitivo para la financiación de las comunidades autónomas.

El Gobierno andaluz, que asume la corresponsabilidad fiscal como medio apropiado y necesario para el logro de la mayor autonomía financiera, que es el fin, ha propuesto opciones tributarias alternativas (cesión de impuestos especiales sobre el tabaco y medios de transporte, así como participaciones territorializadas en otros impuestos como el propio IRPF, el IVA o el especial sobre hidrocarburos, y en los rendimientos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado), en el marco de una revisión que contempla también la actualización de variables como. la población y el esfuerzo fiscal a la hora de determinar la financiación global de cada autonomía en el año base (1996), así como la negociación sobre el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y las olvidadas asignaciones de nivelación de servicios públicos fundamentales (artículo 15 de la LOFCA).

La Junta de Andalucía quiere diálogo, negociación, consenso, pero no está dispuesta a aceptar tal como está planteado (y tememos que el Gobierno del PP no tiene margen para negociar) un modelo parcial que, al margen de la Constitución, consagra privilegios para algunas comunidades (entre Cataluña y Valencia se llevarían el 65% de la financiación adicional del nuevo sistema), perjudica notoriamente a otras (especialmente, a Andalucía y Galicia) y logra que Cataluña alcance un 93% de autonomía financiera mientras Andalucía apenas llega el 41% y Galicia a un 43%. En nuestra propuesta, por el contrarío, todas las comunidades alcanzan más autonomía financiera (Andalucía y Galicia llegan hasta el 60%) y la financiación adicional del sistema se reparte más homogéneamente, más solidariamente (y ésta es la clave) entre las comunidades.

No nos oponemos a la corresponsabilidad fiscal de las autonomías, sino a que este argumento sirva de coartada para abrir más la brecha entre las comunidades más y menos desarrolladas, despreciando el papel reequilibrador del Estado y la propia Constitución que lo sostiene.

El Gobierno andaluz no puede aceptar un sistema que brinde gratuitamente (perdón, quiero decir con la sabida contraprestación) unos ingresos adicionales crecientes a Cataluña, que representan, ¡sólo!, seis veces lo que recibirá Andalucía durante el quinquenio. Entre otras razones ya explicadas, porque los ciudadanos andaluces no pueden ni deben pagar más que los demás españoles para que Aznar pueda seguir disfrutando de las incomodidades de La Moncloa.