Presiones sobre el Banco de España

El último registro del IPC, correspondiente al mes de agosto, además de sorprender a propios y extraños, se ha constituido en un elemento adicional de presión sobre el Banco de España, para que decida la reducción de sus tipos oficiales de interés antes de agotar ese supuesto plazo de espera que se podía haber marcado hasta la presentación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Las tasas de crecimiento de ALP (3%) y del crédito interno (71%) correspondientes al mismo mes de agosto, también conocidas el viernes, tampoco impedirían esa decisión relajadora de la política monetaria.Los mercados financieros, por último, también han sido suficientemente expresivos: en la subasta de certificados del Banco de España (CBEs) celebrada el mismo viernes, en la que se volvió a mantener el precio oficial del dinero, un número importante de peticiones definía un claro sesgo bajista, al igual que los tipos de interés de la deuda pública en el mercado secundario, alcanzando la referencia con vencimiento diez años el tipo más bajo desde febrero de 1994.

Sobre esas bases, distintos miembros del Gobierno no han tardado en volver a la carga con las reclamaciones de descenso en los tipos oficiales de interés, especialmente explícitas desde que el pasado agosto el Banco de España resistiera a la reducción por el Bundesbank del tipo repo y las consecuentes de la mayoría de los bancos centrales de Europa.

La cuestión ahora es verificar si el banco emisor responde en la próxima subasta a esas presiones o, por el contrario, espera a conocer la definitiva versión del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. La eventual espera al mes de octubre debería estar justificada por algo más que la pretensión por guardar las formas que el rodaje de su autonomía puede aconsejar: debería constituir un veredicto en toda regla sobre la contribución a la estabilidad de precios del proyecto de presupuestos en el horizonte a medio plazo, que es sobre el que el banco central extiende sus objetivos y actuaciones.El Banco de España conoce, cuando menos con el mismo detalle y desde el mismo día que el resto de los españoles, los propósitos del Gobierno y sus socios parlamentarios consistente en que las cuentas públicas cumplan al término de 1997 con las exigencias de convergencia (3% y 60% del PIB de déficit y deuda pública, respectivamente) pero, a tenor de la prudencia mostrada hasta ahora en la instrumentación de la política monetaria, debe albergar algunas dudas sobre las posibilidades de alcanzar dichos objetivos o/y sobre su sostenibilidad en los siguientes ejercicios presupuestarios.

Razones no le faltan para ello. La ausencia de modificaciones de carácter estructural en las principales partidas de gasto, la excesiva dependencia de la contención de algunos de ellos en una tasa esperada de inflación significativamente inferior a la actual y la confianza en la generación de ingresos que no son precisamente recurrentes, constituyen las piezas básicas del ejercicio de presupuestación que, según la información disponible, está haciendo el Gobierno en la actualidad.

Si en esas condiciones descansa el proyecto que finalmente aprueban las Cortes en diciembre lo peor no sería el mantenimiento de los tipos oficiales de interés de su nivel actual, sino la vulnerabilidad con que entraríamos en el año 1997, sin duda uno de los ejercicios más cargados de incertidumbre. Algo que esos mercados financieros hoy complacientes suelen rehuir, de forma tan sorprendente como exagerada. La vigilia del Banco de España no parece, por tanto, un capricho: nunca es tarde si la dicha es buena.