García-Castellón, anclado en la comisión rogatoria

"Todavía no he adoptado una decisión pero creo que sería lógico no solicitar una nueva prórroga", dijo el pasado martes 11 de septiembre el juez Manuel García-Castellón a EL PAÍS en relación con el vencimiento, el próximo 24 de octubre, de su mandato de seis meses en el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. La decisión del Tribunal Federal suizo sobre la entrega de la confesión de Paolo Gallone y otros documentos a España hará difícil, ahora, la marcha de García-Castellón. Como mínimo, según fuentes jurídicas consultadas ayer, planteará dudas razonables sobre ella tanto en la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional como en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).El juez García-Castellón es quien trabajó por la realización de la comisión rogatoria y quien, además, participó, junto con el fiscal Florentino Orti, bajo la coordinación del juez suizo Jacques Antenen, en el interrogatorio judicial de los administradores Renato Galletti y Paolo Gallone, los pasados 5 y 6 de febrero en Lausana. Las declaraciones son importantes en el contexto del sumario y la investigación del caso Banesto, lo que hasta cierto punto hace imprescindible tanto al juez instructor como al fiscal. Las sociedades suizas son piezas dentro del puzzle armado a lo largo de varios años por Mario Conde y sus socios. Si bien los informes periciales colocan cada una de las piezas en su sitio, el juez y el fiscal son quienes han tenido el privilegio de mirar y escuchar cara a cara a los testaferros de Conde.

Parece evidente que el juez que instruyó el caso será más apropiado que la sala de lo Penal, donde ya se encuentran los 240 tomos del sumario, para decidir sobre las consecuencias de la comisión rogatoria suiza.

"Parece razonable que el juez, habiendo acabado su instrucción, no se quedase sentado a esperar el fallo del Tribunal Federal y pensara que quizá no merecía la pena pedir una nueva comisión de servicios. Pero ahora que la trama suiza ya está en camino no se trata de una espera sin más. Porque el juez y el fiscal ya conocen el contenido del material que llegará en las próximas semanas", según un jurista.

Una vez que la documentación llegue a la Audiencia Nacional deberá ser traducida. El juez dará traslado de la misma al fiscal y a las partes personadas, quienes propondrán las diligencias que crean convenientes respecto a inculpar, o no, a personas que actualmente no figuran entre los acusados contra los que se ha abierto juicio oral. Es el caso de Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges.