Rojo confía en que la economía española entre en 1997 con un crecimiento del 3%

El gobernador del Banco de España, Luis Angel Rojo, se mostró ayer optimista sobre la evolución de la economía en los próximos meses y confía en que España entre en 1997 con un crecimiento en tomo al 3%. El gobernador, por otra parte, es firme partidario de que los países que queden excluidos de la unión monetaria en el primer momento lleguen a un acuerdo cambiario (una especia de Sistema Monetario Europeo-bis) que incorpore una banda ancha de fluctuación y que dé la posibilidad al Banco Central Europeo de intervenir en caso de ataques especulativos. Rojo reiteró la importancia de cumplir el Tratado de Maastricht, sin "apostar" por un retraso en el calendario que no se dará.

Luis Ángel Rojo, para quien ya ha pasado lo peor, espera que la recuperación económica se extienda en los próximos meses a toda el área europea y que se consiga entrar en 1997 con una tasa de crecimiento económico del 2,5% en el conjunto de Europa. En el caso de España es aún más optimista y prevé que la tasa sea en ese momento algo superior, en torno al 3%.El gobernador aprovechó ayer la clausura del curso Transición e impacto de la Unión Económica y Monetaria Europea de la Universidad de Verano del País Vasco para recordar que quedarse fuera de la unión monetaria sería quedar ante el poder de los mercados y reiterar así, una vez más, la necesidad de cumplir los criterios de convergencia y de establecer las relaciones entre los países que formen el euro y los que queden fuera.

Para ellos, Rojo abogó, de forma "personal", por el establecimiento de un Sistema Monetario Europeo-bis (SME-bis) que establezca el tipo de cambio entre las monedas excluidas, y entre cada una de ellas y el euro, con una banda ancha de fluctuación. Sólo una, dijo, porque fijar, varias engendraría perturbaciones ya que sería como calificar la actitud de los países aspirantes para entrar en el euro (poco, mucho o bastante cualificados según la banda asignada) y ancha para evitar que se reprodujeran las tormentas habidas en el SME de bandas estrechas hasta 1993.

Según Rojo, el fundamento de este acuerdo cambiario sería que los países excluidos del euro pero que aspiraran a formar parte de él, asumieran unas obligaciones estrictas de convergencia que se vieran compensadas con un apoyo condicional del Banco Central Europeo -el banco único- El banco podría intervenir para defender las monedas excluidas cuando fueran objeto de ataques especulativos y los fundamentos económicos del país afectado fueran sanos.

Para Rojo, un acuerdo de este tipo debería estar concluido antes del momento de la selección de países que formarán el euro

-primavera de 1998- y sería bueno tanto para los que queden fuera de él como para los que formen la unión monetaria.

Para estos últimos, Rojo apoyó la estabilidad que solicita Alemanía, país que ha propuesto que aquellos que formen la moneda única no puedan tener déficit públicos superiores al 1%. "Cabe prever", dijo el gobernador, "que la Unión Económica y Monetaria estará sometida a políticas estrictas para mantener la estabilidad porque son incluso más importantes que la existencia de los criterios de convergencia".

En este sentido, Rojo señaló también ayer que la comunidad estudia la fórmula de asegurar que las monedas-euro no puedan tener tipos de conversión distintos a los fijados oficialmente para evitar el premio o castigo que pudieran inflingir los mercados en el periodo en el que coexistirán el euro y las divisas nacionales, tres años a partir del 1 de enero de 1999. El gobernador dejó claras dos cosas: el número de países que formarán la Unión Monetaria será "relativamente limitado", y el que quiera entrar en ella deberá hacer los esfuerzos de convergencia "sin confiar en laxitudes improbables".

Además, el gobernador argumentó la imposibilidad de que los actuales desequilibrios presupuestarios permanezcan indefinidamente, por lo que vaticinó "el mantenimiento generalizado" del esfuerzo para reducir los déficit públicos, que permitirá bajar los tipos de interés y limitar así los efectos contractivos de las políticas de ajuste.