La política de la piqueta

Un proyecto que respeta la historia de Madrid es una tribuna escrita por J. I. Echevarría, alcalde de Madrid en funciones en el mes de agosto, en la que intenta explicar las razones que han llevado a los responsables del PP en el Ayuntamiento y la Comunidad a destruir los restos arqueológicos encontrados en la plaza de Oriente. En él se apunta que fue José Bonaparte el responsable del derribo de la Casa del Tesoro, pero no se aclara la interrogante de quién es el responsable de su segundo derribo: José María Alvarez del Manzano o Alberto Ruiz-Gallardón. La respuesta es sencilla. Fueron los dos. O sea, una fácil ecuación, ahora que estamos en -los exámenes de septiembre, JMAM + ARG = José Bonaparte II. Lo que -también es bien cierto es que los madrileños nunca podremos ver estos restos.

No parece que el Gobierno de Ruiz-Gallardón esté especialmente acertado en sus políticas culturales. Los restos arqueológicos destruidos con la autorización de la Comunidad, muestran, una vez más, sus dificultades no ya para aplicar su programa electoral, sino para ejercer con plenitud y incondicionantes extraños sus responsabilidades. Todo indica que, en este caso, la Comunidad ha actuado como furgón de cola del Gobierno municipal de Álvarez del Manzano. Tal y como declaró el consejero de Educación y Cultura, parece que el fondo del asunto no es otro que evitar que el gasto de- las obras de la "operación plaza de Oriente" no se eleve sobre lo previsto y se mantengan intactas las expectativas de beneficio. No olvidemos que se trata de una operación de más de 4.000 millones, cuya utilidad social y urbana es más que dudosa. La razón especulativa se ha impuesto y se ha preferido tirar por la calle de en medio haciendo desaparecer, con el asentimiento de la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Comunidad, lo que posiblemente eran importantes restos arqueológicos del Madrid del siglo XVII.

De nada. ha servido que la Asamblea de Madrid, hace casi cuatro años, aprobara una proposición no de ley para garantizar la no destrucción, de restos valiosos. Las excavadoras han actuado con estivalidad y, por decisión de quienes, paradojas de la vida, suelen definirse políticamente con el marchamo de conservadores. Y lo han hecho en pleno agosto.

Cuando el Grupo Socialista ha pedido responsabilidades políticas por el desastre se ha dado la callada por respuesta o se han utilizado argumentos falsos -y rayanos en la calumnia- como acusar al anterior Gobierno regional de haber destruido la mayor parte de la Casa del Tesoro, o afirmar, sin ningún fundamento, que se había tenido en cuenta un tercer informe técnico (el de don Luis Mora, Figueroa) favorable a la destrucción, extremo que fue desmentido en menos de 24 horas por el propio autor.

En este asunto como en tantos otros, el PP ha optado por la política de los hechos consumados. ¿Por qué no se convocó a la comisión mixta Comunidad-Ayuntamiento para analizar los restos y las medidas a tomar? ¿Cómo es posible que el Gobierno regional, ante dos informes contradictorios, no pidiera el correspondiente dictamen a cualquiera de las instituciones consultivas - Universidades, CSIC, Real Academia de Bellas Artes... -previstas en la Ley del Patrimonio Histórico Español, y autorizara la destrucción con tanta urgencia?

La realidad no ha sido otra que la "política de la piqueta".

Y los dictámenes que se deberían haber pedido desde la Consejería de, Educación y Cultura los ha solicitado, ahora, la Fiscalía. Cuando "desfacer" el entuerto es poco menos que imposible. Una vez más, el Gobierno del señor Ruiz-Gallardón ha mostrado sus debilidades. Los intereses especulativos han primado sobre, la política cultural respetuosa con nuestra historia. Una muy mala noticia en el año en que celebramos el 250º aniversario del nacimiento de Goya y de la que el presidente y el consejero habrán de responder ante la Asamblea de Madrid, ante los madrileños.

Jaime Lissavetzky es portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea y fue consejero de Educación y Cultura hasta junio de 1995.