Huarte no llegará más allá de enero si no logra un pacto con sus acreedores

Los interventores judiciales que han tramitado la suspensión de pagos de la constructora Huarte creen que la empresa no podrá sobrevivir más allá del próximo mes de enero sin un acuerdo con los acreedores que fije las condiciones de devolución de la deuda, que asciende a 52.000 millones de pesetas. El portavoz de los interventores judiciales, Francisco Javier Escobosa, urgió ayer a todas las partes implicadas a la búsqueda de soluciones que desemboquen en un acuerdo, puesto que la apuesta de los interventores es la continuidad de Huarte.Escobosa apuntó que a raíz del auto judicial del pasado 29 de agosto la situación viene marcada por la fecha del próximo 31 de octubre, día en el cual culmina el primer plazo para presentar por escrito las adhesiones al nuevo convenio de acreedores. Los acreedores ordinarios han presentado hasta ahora un pasivo computable superior a los 52.000 millones de pesetas. Los interventores creen que no aparecerán nuevas deudas, a pesar de las impugnaciones que se puedan presentar.

Si el 31 de octubre no se llega a un acuerdo entre la empresa y los acreedores se procederá a completar el plazo máximo de cuatro meses (a contar desde el 29 de agosto) que marca la ley para efectuar una segunda convocatoria. Los interventores creen que llegar a ese plazo supondrá un quebranto importante para la constructora.

Por su parte, el juzgado de Pamplona que instruye la suspensión de pagos, señala en un auto que pueden participar en la aprobación del convenio los acreedores que se incluyan en la lista que aprobará el juzgado a propuesta de los interventores. La aprobación o no del convenio pondrá fin a este procedimiento judicial, que hasta el momento la compañía no ha podido finalizar al no disponer de la financiación externa que requería el plan de viabilidad presentado por los directivos.