Trece heridos en una carga policial contra funcionarios municipales de Marbella

El gobierno local de Marbella, que preside Jesús Gil y Gil, envió ayer a los antidisturbios de la policía para disolver a unos 800 funcionarios del Ayuntamiento que trataban de impedir la celebración de un pleno y reclamaban el pago atrasado de sus salarios. En el pleno se anuló el convenio laboral de los empleados, firmado hace tres meses por el propio Gil, quien no participó en la sesión. Seis de los 13 heridos en la carga tuvieron que ser atendidos, en el Hospital Comarcal. En un comunicado, el Ayuntamiento de Gil culpó "a los sindicatos y los comunistas" de los incidentes.

La convocatoria de un pleno de urgencia para anular el convenio colectivo de los 1.100 empleados municipales, en represalia por las medidas de protesta que protagonizan los trabajadores para reclamar el pago de salarios atrasados, exacerbó los ánimos de los funcionarios. Desde una hora antes de que diera comienzo el pleno, los trabajadores del ayuntamiento marbellí se fueron concentrando en la Plaza de los Naranjos para protestar por la decisión del gobierno de Gil.La llegada de los concejales y el GIL (Grupo Independiente liberal) exaltó a los concentrados que, con pancartas, les responsabilizaban de estar "jugando con el pan" de sus familias.

Los manifestantes contra el gobierno local fueron reprimidos por una decena de agentes antidisturbios del Cuerpo Superior le Policía, pero pronto la situación degeneró en una refriega de porrazos y naranjazos que ocasionó 13 heridos. Sólo una de las seis personas ingresadas a consecuencia de la reyerta permanecía en el hospital a última hora de ayer.

La moción del equipo de Gil acordaba dejar sin efecto el actual convenio laboral -vigente hasta 1999- apoyada en un informe jurídico que afirma que, el acuerdo "conculca la legislación vigente", al superar el incremento salarial permitido en "el ordenamiento jurídico".

Ayuntamiento paralelo

El Ayuntamiento, a través de un comunicado, responsabilizó "a los piquetes de los sindicatos y a los comunistas" de utilizar la violencia para impedir la celebración del pleno. En el escrito, el equipo municipal arremete contra el convenio laboral de los funcionarios, "de 21 páginas, donde todos son derechos y no existe una sola línea que diga que tienen la obligación de trabajar", y a los que anuncia que tendrán que fichar la hora de entrada y salida de la jornada, que a partir de la semana próxima será partida. Además, el gobierno de Gil se vanagloria de haber organizado un "Ayuntamiento paralelo" con trabajadores que cobran "casi el 50%" que los funcionarios y "trabajan el doble número de horas".La portavoz del PSOE, Isabel García Marcos, advirtió al pleno sobre "la ilegalidad del planteamiento", al sostener que este órgano no tiene competencia para anular un convenio y sólo puede acordar iniciar los trámites para denunciarlo. También IU y PP se sumaron al rechazo de la moción del grupo de Gil.

El Ayuntamiento afirmó en su comunicado que la Policía Nacional se vio obligada a cargar para despejar el acceso de entrada "al consistório, al ser los concejales del grupo de gobierno insultados, vejados, apedreados con todo tipo de objetos".

El delegado sindical, José Luis Gutiérrez, sin embargo, sostiene que los trabajadores sólo pretendían "manifestar su protesta, como ya lo han hecho en otras ocasiones". Según Gutiérrez, en la tarde del pasado viernes representantes sindicales se reunieron con un interlocutor del gobierno municipal para pactar una tregua y reanudar las negociaciones. "Gil dijo que la respuesta era la guerra", afirma el delegado de CC OO.