El gobernador de Girona apoya a dos alcaldes de CiU que clamaron contra los inmigrantes ilegales

El gobernador civil de Girona, Robert Brell, echó ayer un cable a los alcaldes de Roses y Calonge (Girona), ambos de Convergéncia i Unió (CiU), cuyo aliento a las batidas policiales contra los "inmigrantes no deseables" ha provocado el rechazo unánime de los partidos catalanes de izquierdas. Brell afirmó que los inmigrantes ilegales son "delincuentes en un porcentaje muy elevado" y recordó que el primer delito es entrar ilegalmente.

La policía realizó una redada en Roses el pasado 7 de agosto solicitada por el alcalde, Carles Páramo, que se saldó con la detención de 36 inmigrantes. El día siguiente, Páramo forzó una entrevista con el gobernador civil de Girona, Robert Brell, para asegurarse la realización de nuevas redadas y el acuerdo sirvió para desconvocar una manifestación auspiciada por el propio alcalde. Por su parte, el alcalde de Calonge, Josep Roselló, sostiene que "los inmigrantes son el principal problema que tiene el municipio" y reclama más medidas de control para evitar la entrada de extranjeros sin autorización legal, ya que a su juicio ocupan puestos de trabajo.El gobernador hizo ayer, una distinción entre los inmigrantes legales -"que merecen todo el respeto", afirmó-, y los ilegales, a los que considera "delincuentes en un porcentaje muy elevado". También recordó que los extranjeros ilegales "ya han cometido el delito de entrar en territorio español sin la correspondiente autorización de residencia" y abogó por la aplicación estricta de la Ley de Extranjería.

Brell afirmó que "estos señores [los inmigrantes ilegales] se ven obligados a una vida delictiva y son los que provocan este tipo de hechos". Junto a estas declaraciones, el Gobierno Civil anunciaba la detención de ocho ciudadanos argelinos y uno francés por encontrarse en España en situación ilegal.

El Partit dels Socialistes (PSC), Iniciativa per Catalunya (IC) y Esquerra Republicana (ERC) han coincidido en censurar con vehemencia la actuación de Páramo y Roselló. El diputado autonómico Joan Oliart, socialista, y el dirigente de IC Joan Herrera calificaron las declaraciones contra los extranjeros de "xenófobas e intolerantes", y reclamaron a CiU que llame al orden a los dos alcaldes.

Alterar la convivencia

El PSC anunció además que pedirá la intervención del Síndie de Greuges -el Defensor del Pueblo catalán- y dirigirá una pregunta parlamentaria al consejero catalán de Gobernación. PSC e IC consideran que la actitud de estos alcaldes "puede alterar la convivencia de la sociedad".El presidente de ERC en Girona, Joan Puigercós, calificó las declaraciones como "una injusticia deplorable contra todos los trabajadores extranjeros". A su juicio, los alcaldes incurren en un error "de desconocimiento de la realidad porque la mayoría de los hurtos los realizan ciudadanos comunitarios". La portavoz de SOS Racismo Elisa Gutiérrez encuentra paralelismos entre las declaraciones de estos alcaldes y el discurso de Le Pen, el dirigente francés de extrema derecha.

El portavoz de CiU en la comisión de Política Social del Congreso, Carles Campuzano, admitió que las declaraciones de sus correligionarios "no ayudan a no generar actitudes racistas y xenófobas". Asimismo, las consideró "poco oportunas políticamente", porque, según considera, hoy "todo el mundo tiene claro que la Ley de Extranjería debe modificarse para facilitar la integración de los inmigrantes". También agregó: "Para evitar conflictos hay que reclamar políticas activas de integración".

Un ejemplo de actitud racista se ha manifestado de manera contundente en Viladecans (Barcelona). El joven marroquí Mohamed Koubaa, un inmigrante legal con más de siete años de residencia en España, ha presentado tres denuncias por otras tantas agresiones sufridas los pasados 8, 9 y 10 de agosto. Todos los ataques fueron realizados por el mismo grupo de jóvenes, algunos de ellos con estética skin head.

La policía detuvo a cuatro jóvenes, que se encuentran en libertad tras tomarles declaración. Koubaa asegura haber sido increpado repetidamente y agredido con cadenas de moto y palos. No obstante, la policía asegura que el móvil no es racista sino de "desavenencia entre grupos".