El fiscal pide 10 años para Perote por robar los 'papeles del Cesid'

La sustracción de las microfichas del Cesid puede costarle al coronel Juan Alberto Perote, actualmente en prisión, 10 años de cárcel. La máxima pena prevista para este delito en el Código Penal Militar. Ésta es la condena que, en sus conclusiones provisionales, socilita el fiscal togado del Tribunal Militar Central para el ex jefe de la Agrupación Operativa del servicio secreto, al que acusa de sustraer al menos 1.245 documentos clasificados. Entre ellos estarían los papeles del Cesid sobre los GAL, que reclaman tres jueces.

El juicio contra el coronel Perote, recluido en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) desde el 29 de septiembre de 1995, debería celebrarse en octubre próximo. El fiscal le acusa de "procurarse información legalmente clasificada relativa a la seguridad o defensa nacional", que el artículo 53 del Código Penal Militar castiga con penas de tres a 10 años de cárcel. Y pide la máxima condena.El escrito aplica la agravante, recogida en el artículo 54 del mismo código, para quien "sea depositario o conocedor del secreto o información por razón de su cargo o destino". Esta circunstancia, a juicio de la fiscalía, no ofrece dudas, pues Perote tuvo acceso a los documentos en su condición de directivo del servicio secreto.La fiscalía rebate la tesis de Perote de que se llevó "inadvertidamente" los papeles del Cesid, mezclados con su documentación personal, y recuerda que la "maniobra" para sustraerlos empezó seis meses antes de su salida del servicio secreto.

En la primavera de 1991, Perote ordenó microfilmar las notas de los despachos mantenidos con el entonces director del Cesid, Emilio Alonso Manglano. La fiscalía sostiene, además, que los papeles robados por Perote afectan a la seguridad del Estado y que las copias reproducidas por El Mundo estaban manipuladas.

La ejecutiva federal de Izquierda Unida acordó ayer pedir al presidente del Gobierno que explique en el Parlamento por qué el Ejecutivo ha negado la entrega de los documentos del Cesid que el juez reclama en la instrucción del caso Lasa-Zabala.