El Gobierno francés revisa a la baja su nueva reforma fiscal

El Gobierno francés tendrá que aplazar de nuevo la puesta en práctica de su más popular promesa electoral: la reducción de la presión fiscal. En 1997 los ciudadanos van a seguir soportando una fiscalidad que, desde la llegada al poder de los conservadores, ha supuesto para los contribuyentes aportar 120.000 millones de francos (unos tres billones de pesetas) más cada año. El primer ministro, Alain Juppé, aseguró sin embargo que, en 1998, el Estado podría renunciar a 20.000 millones de francos (500.000 millones de pesetas) pero los datos fiscales que maneja ya le han hecho revisar a la baja la disminución de la presión fiscal: la renuncia será pues de 15.000 millones de francos.Una economía que, según muchos expertos, ha entrado en recesión no permite la plasmación de promesas tecnocráticas: el aumento del IVA en dos puntos ha contribuído a reducir el consumo y, por consiguiente, sólo ha ingresado en las arcas públicas la mitad de lo previsto; el impuesto sobre la renta de este año tampoco cumple las previsiones; la actividad económica ha crecido la mitad de lo esperado y no han podido reducirse los gastos sociales. El Estado recauda menos de lo que preveía y sigue gastando más de lo que querría: el déficit, que en 1996 debiera reducirse en 34.000 millones, se mantenía estable a primeros de julio.

Alain Juppé sitúa ahora el futuro radiante en el horizonte de 1998 y escalona su progresión hacia ese paraíso de fiscalidad blanda en cinco años, los mismos de que ya habrían dispuesto en dicha fecha los conservadores para hacer justo lo contrario. Es más, los rumores sobre un nuevo aumentó de las tasas que pesan sobre la gasolina la más cara de Europa- o el tabaco, no han sido desmentidos por ministro alguno. Las próximas legislativas -oficialmente previstas para la primavera de 1998- y la actual cota de impopularidad del Gobierno parecen estar en el origen de esas nuevas promesas.La reforma fiscal varias veces anunciada tendrá pues un alcance reducido. De momento las profesiones liberales o determinados asalariados, que tenían derecho a desgravaciones importantes por gastos que no había que justificar, perderán esos supuestos privilegios. Quienes compraron su vivienda en los últimos años también verán cómo la desgravación por créditos inmobiliarios se reduce. Incluso los seguros de vida, que han servido de refugio para el ahorro y de locomotora del crecimiento de muchos bancos y cajas, entran ahora en el punto de mira de un Estado atrapado por una lógica infernal: reducir deuda y déficit rápido sin asfixiar la economía.