La Audiencia de San Sebastián ve indicios de delito contra el general Galindo en el 'Informe Navajas'

La Sección Primera de la Audiencia de San Sebastián considera que en las diligencias redactadas por el fiscal jefe de la Audiencia, Luis Navajas, y en otras practicadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital guipuzcoana hay "indicios de la participación de Rodríguez Galindo en la comisión de posibles delitos de cohecho, en relación con otros de contrabando y contra la salud públíca". De esta forma, en un auto dado a conocer ayer por Efe, la Audiencia justifica la reapertura de la investigación del general de la Guardia Civil en relación con la querella presentada por la asociación Adore, que le acusaba de delitos de narcotráfico, contrabando, proxenetismo y cohecho.

Adore, una asociación cludadana contra el tráfico de drogas dirigida por personas afines a Herri Batasuna, presentó la querella contra Enrique Rodríguez Galindo en junio de 1995, pero el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, Fernando Andreu, la archivó por falta de pruebas, al estar basadas la mayor parte de las acusaciones en informaciones de prensa.Ahora, la Audiencia ordena la reapertura de la investigación contra Galindo argumentando que "resulta incontestable que no se ha investigado la posible implicación de dicho querellado" en los hechos relatados por el fiscal jefe de la Audiencia de San Sebastián.

Los magistrados de la Sección Primera Yolanda Domeño, José Luis Barragán y Joaquin Silgueiro critican en su auto la actuación del fiscal Luis Navajas y la del magistrado Fernando Andreu: el primero, porque "no remitió las diligencias informativas al juzgado instructor", y el segundo, porque "no reclamó su remisión, a pesar de que tuvo conocimiento de su existencia".

El auto destaca que en las diligencias previas incoadas por el Juzgado de Instrucción número 1 "no se ha llevado a cabo una completa investigación judicial, dado que las mismas han consistido básicamente en autorizar las intervenciones telefónicas solicitadas, así como las prórrogas y ceses de las mismas, sin que el juzgado por propia iniciativa haya adoptado resolución alguna", a excepción de dos diligencias.

En su resolución, la Sección Primera hace un repaso del contenido del informe Navajas y de las diligencias previas 491/91, incoadas por el Juzgado de Instrucción número 1, para justificar su orden de reabrir la investigación contra Galindo. Recuerda que el Informe Navajas fue redactado por el fiscal jefe de San Sebastián el 8 de febrero de 1989 a raíz de la conversación que mantuvo en diciembre de 1988 con el teniente coronel Francisco Quintero San Juan, perteneciente a la Jefatura del Servicio Fiscal de Madrid, y con el capitán Juan Miguel Castañeda Becerra, miembro del Servicio Central de Información, ambos de la Guardia Civil.

Los dos mandos del instituto armado informaron a Navajas sobre "las distintas bandas de contrabandistas y narcotraficantes que operaban en Guipúzcoa y sobre la posible implicación en estas operaciones de agentes de la 513 Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa", señala el auto.

La resolución pone de relieve que el capitán Castañeda implicó "en actividades de contrabando y narcotráfico a Enrique Rodríguez Galindo, quien se hallaba conectado con los presuntos contrabandistas Santamaría, Carballo y Ezcurdia, con quien mantenía reuniones periódicas en un chalé propiedad de éste, en La Rioja".

El informe Navajas incluía también la transcripción de las entrevistas mantenidas por el fiscal jefe de San Sebastián con dos contrabandistas y dos reclusos, así como un informe de la Jefatura del Servicio Fiscal de la Dirección General de la Guardia Civil en el que se implicaba en contrabando a 16 agentes, entre ellos al capitán Fidel del Hoyo Cepeda y a los sargentos Enrique Dorado Villalobos, imputado en el caso Lasa y Zabala, y a su hermano Fabián. Las diligencias informativas del fiscal incorporan también un oficio remitido a la Dirección General de la Guardia Civil por el propio Galindo, quien advertía de la posible implicación de nueve miembros de su Comandancia en alijos de contrabando, entre ellos el capital Fidel del Hoyo, aunque no incluía a Dorado Villalobos.

El informe Navajas también tenía incorporado un escrito del Servicio Fiscal de la Dirección General de la Guardia Civil que detallaba la existencia de cuatro redes de contrabandistas en Guipúzcoa. Entre sus miembros citaba a dos empresarios que posteriormente fueron asesinados por ETA: José Antonio Santamaría, muerto el 19 de enero de 1993, y José Manuel Olarte, alias Plomos, el 27 de julio de 1994.