Interior anula una orden de Belloch y declara secretos los ficheros de la Guardia Civil

El secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxà, ha anulado una orden de su antecesora en el cargo, Margarita Robles, número dos del ministro Juan Alberto Belloch, por la que mandaba a la Guardia Civil que regularizase sus ficheros antiterroristas, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (Lortad). El nuevo equipo de Interior, basándose en un informe del servicio jurídico del Estado, ha dado la razón a la Guardia Civil, que se opuso a regularizar sus ficheros alegando que son secretos.

El Gobierno presidido por Felipe González aprobó el pasado 16 de febrero, dos semanas antes de las elecciones generales, un acuerdo por el que declaraba secreta "la estructura, organización, medios y técnicas operativas de las Fuerzas de Seguridad del Estado en. la lucha antiterrorista; así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas".Con esta decisión, el Gobierno extendió a los servicios de información de la policía y la Guardia Civil el carácter secreto que ya amparaba al Cesid en virtud de un acuerdo de noviembre de 1986, que ha servido al Consejo de Ministros para negar a los jueces los papeles sobre la guerra sucia.

El acuerdo del Gobierno extendiendo el secreto a las operaciones contra ETA fue duramente atacado por el líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, quien declaró a la Cadena Ser el 14 de marzo que dicha decisión "conculca el Estado de Derecho" y "es la manta para tapar todos los horrores".

Más cauto, el actual vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, criticó ese mismo día, en declaraciones a El Mundo, la oportunidad de la decisión. "Si durante 13 años han permitido que esté en peligro la seguridad del Estado, son unos irresponsables", dijo. "Esta decisión hay que contemplarla junto a otras desconcertantes que han tomado en el último mes, como la destitución del director del Cesid", agregó.

Cardenal se negó

El acuerdo del Consejo de Ministros fue esgrimido por el entonces director general de la Guardia Civil, Ferran Cardenal, para negarse a inscribir los ficheros sobre terrorismo que tiene el instituto armado, alegando que su carácter secreto los excluye del ámbito de aplicación de la Lortad. La actitud de la Guardia Civil contrasta con la de la Dirección General de la Policía y la Ertzaintza, que ya han regularizado sus ficheros sobre terrorismo.La inscripción de los ficheros no supone que se hagan públicos, sino que su creación debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado y que la Agencia de Protección de Datos (APD) puede inspeccionarlos, para comprobar que se ajustan a la legalidad. Cualquier ciudadano tiene derecho a preguntar si en el fichero figuran datos personales suyos y a pedir que se corrijan o cancelen si son incorrectos.

La Administración está capacitada para negar dicha información, si afecta a la seguridad del Estado. En ese caso, el ciudadano puede recurrir a la Agencia de Protección de Datos, que dice la última palabra. La negativa a inscribir los ficheros supone que quedan fuera de todo control. Legalmente, es como si no existieran.

El conflicto entre la agencia y la Guardia Civil lo zanjó la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, con una orden, fechada el pasado 18 de marzo, en la que mandaba a Ferran Cardenal que regularizara los ficheros antiterroristas del instituto armado en el plazo de un mes, ya que el citado acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero no amparaba las bases de datos personales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ferran Cardenal no cumplió la orden de Margarita Robles, sino que aprovechó el último mes de Gobierno socialista para pedir un nuevo dictamen a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. Dicho informe llegó el 29 de abril, cinco días antes de que José María Aznar tomara posesión como presidente del Gobierno.

Los servicios jurídicos del Estado dieron la razón a la Guardia Civil, interpretando que el acuerdo del Consejo de Ministros había clasificado como secretos los ficheros antiterroristas y que Margarita Robles no estaba capacitada para desclasificarlos. Según el dictamen, sólo el Consejo de Ministros, mediante un nuevo acuerdo, podría levantar el carácter secreto que protege las bases de datos policiales sobre ETA.

Este informe jurídico, heredado por el nuevo director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, ha servido al secretario de Estado de Interior, Ricardo Martí Fluxà, para anular, el pasado 17 de julio, la orden dictada cuatro meses antes por Margarita Robles, permitiendo al instituto armado no regularizar sus archivos antiterroristas.

Expediente sancionador

El conflicto no está, sin embargo, zanjado. El director de la Agencia de Protección de Datos (APD), Juan José Martín-Casallo, considera que el acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de febrero no es tan claro como pretende el servicio jurídico del Estado y opina, como opinaba Margarita Robles, que no ampara a los ficheros de datos personales.En consecuencia, ha abierto un expediente sancionador a la Guardia Civil por incumplimiento de la Lortad. Dicho expediente, que debe estar concluido en septiembre, dará lugar a una resolución del director de la agencia, en la que previsiblemente ordenará a la Guardia Civil que regularice sus ficheros y dará cuenta al Defensor del Pueblo de las actuaciones realizadas.

Los servicios jurídicos del Estado entienden, por el contrario, que el carácter secreto de los bancos de datos de la Guardia Civil impide al director de la agencia ejercer sus potestades sancionadoras, entre las que la ley incluye la propia inmovilización de los ficheros.