Aborto y carnaval

SI MANDY Allwood lleva a término su embarazo óctuplo cobrará 200 millones de pesetas. Apenas tiene probabilidades de sobrevivir. Tiene, en cambio, muchas de morir. No se conoce en la historia un parto de ese número, y su ginecólogo le ha explicado que los progresos clínicos no han llegado a hacerlo posible. Se puede conjeturar que la madre y el padre, Paul Hudson, habrán calculado cuándo deben detener la aparente locura: hasta ese momento habrán ganado un dinero muy elevado, y ya han cobrado 70 millones por sus memorias, si es que tal cosa existe.La cuestión no está sólo entre los progenitores, sus médicos, los periódicos sensacionalistas y la agencia de relaciones públicas que pagan: lo más grave es la mezcla de entidades supuestamente morales como las que para la defensa teórica de la vida están utilizando, y pagando, a esta pareja. La posible muerte de la madre no es para este tipo de fanáticos un inconveniente que los detenga. Más bien les estimula: sería una heroína hacia el paraíso, y en la prensa que ampara esta ideología, sobre todo en los países de tradición católica, se considera un mandato divino no interrumpir el embarazo por ninguna razón. El Vaticano está interviniendo frecuentemente, aunque hay sectores, de la Iglesia que consideran la cuestión de otra manera. La culpabilidad del periodismo amarillo está siendo continuamente desbordada por opiniones aparente cubiertas por la sabiduría y, simultáneamente, por su contraria, la iluminación.

Estos sucesos, del que ha sido prólogo la embarazada de gemelos que decidió perder uno (y que también fue presionada y sometida a soborno), empañan un debate que debería ser limpio y abierto sobre las condiciones del aborto y, sobre todo, sobre la forma de la prevención deseada del embarazo. Está probado que la mayor parte de abortos voluntarios se debe a un fallo en las medidas anticonceptivas. Los Estados contemporáneos están obligados a dar información suficiente, desde la escuela, sobre toda la sexualidad, incluyendo el embarazo no querido; en facilitar medios y consultas para que los jóvenes, y especialmente las mujeres, ejerzan su sexualidad libremente sin riesgo de embarazo, y ayudar, en último caso, al aborto. No se trata de una afiliación al aborto sin condiciones sanitarias y en cualquier momento; pero tampoco hay que aceptar el otro extremo, que es el de la prohibición y el castigo, aunque ya se ha conseguido en algunas legislaciones conservadoras distinguir entre la víctima -la mujer- y el culpable, que sería el médico. Distinción grave. Si ninguna mujer va a ir a la cárcel por abortar es absurdo castigar al médico que la ayude.

Dos casos recientes en España, dos neonatos encontrados en contenedores de basura, ponen de relieve la presión de la sociedad contra la mujer que pare fuera de las normas antiguas y solemnes; pero así como esos dramas tienen que ver con problemas reales, la cuestión de los octillizos es mero carnaval: reducción a lo grotesco de una cuestión profunda.