Embargo en el patio de vecinos

, La multa tiene todos los parabienes legales, Pero ha caído como un mazazo en la vida de sus destinatarios: jubilados, inmigrantes y algunos jóvenes que habitan medio centenar de minúsculos pisos de su propiedad (18 sin retrete) en una corrala de Lavapiés. El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado embargar tres millones de pesetas de las cuentas de esta comunidad, en la travesía de Cabestreros, 9, por no haber iniciado hasta 1995 las reparaciones urgentes a. la que les obligó en 1991.

El problema es que la orden de embargo llega cuando los arreglos por los que fueron multados están ya en marcha después de muchos sacrificios. Y los 3.283.937 pesetas de la multa pueden suponer un nuevo parón en los trabajos, ya que las cuentas de la vecindad no están muy boyantes.

"Una odisea"

"Juntar los 110 millones que cuesta la reparación, en una comunidad modesta como la nuestra, ya es una odisea; encima hay media docena de propietarios, y no los más pobres, que son morosos, y ahora ésto", explican. "Como no recibimos ninguna ayuda municipal para rehabilitar el edificio pensábamos que, al menos, nos levantarían la multa ya que las obras que nos obligaban ya están hechas en buena parte", añaden.Eudosia Ambrosio, de 45 años, ha hipotecado el piso de 35 metros, donde vive con su marido y sus cinco hijos, para hacer frente al pago de las reparaciones. Inés Montes, de 54 años, dueña de un piso de 20 metros cuadrados, donde vive con su marido- y su hijo, explica que fue su madre la que le prestó el dinero tras vender una tierra.

En las obras se han gastado ya 64 millones de pesetas y aún faltan arreglos. Lo peor es que el dinero que falta deben recaudarlo de los morosos. Sólo pueden solicitar ayuda a la Comunidad, que les subvencionaría el 23% del coste, pero una vez finalizadas las obras.

Los problernas de este bloque popular empezaron en 1990, cuando los arquitectos del área municipal de Protección a la Edificación descubrieron que era necesario afianzar, urgentemente su estructura. Obligaron a los propietarios a reparar, pero éstos no lo hicieron. Era mucho dinero y los vecinos, mayores, sabían poco de obras. Un año después los arquitectos regresaron. Al ver que los vecinos reincidían en su desobediencia urbanística fijaron una multa de dos millones de pesetas, que ha ido acumulando intereses de demora. Ese mismo año los vecinos apuntalaron la casa. Las obras comenzaron en 1995 tras varias trifulcas entre vecinos y propietarios de locales.