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Tribuna:PRIVATIZACIONES

Capitalismo popular y poder bancario

Los autores ponen en tela de juicio la máxima de que la empresa privada está mejor gestionada que la pública y advierten que las privatizaciones pueden provocar una gran concentración de poder en manos bancarias.

Uno de los tópicos más extendidos es que la empresa privada gestiona mejor que la pública y que los empresarios privados, motivados por su propio interés en el negocio, son más eficientes que los gestores de las empresas, públicas, en las que carecerían de incentivos atractivos.Sin embargo, en estas cuestiones conviene que seamos algo más eclécticos y pragmáticos. Las posiciones doctrinarias -como señala Stiglitz en El papel económico del Estado, IFF, 1993-, que aseguran sin más que el Gobierno es "intrínsecamente ineficiente" con las empresas públicas, "son tan erróneas como inútiles", como también lo son aquellas posiciones de la izquierda "que reclaman una mayor intervención gubernamental, idealizando al Estado, dotándole de características antropomórficas, como si se tratara de un gran déspota ilustrado".

Vieja es la polémica. Sin embargo, al menos, parece claro que para muchos ciudadanos los estímulos morales son más motivadores que los permanentemente renovados estímulos materiales, ya que, a pesar de todo, para muchos es más gratificante trabajar para todos, para la colectividad en su conjunto, que para uno o varios individuos. Por ello, a no ser desde el dogma, no se puede dar por sentado, en términos absolutos, aquella pretendida superioridad. Sin ir más lejos, en la reciente organización de los Juegos Olímpicos, no parece que el modelo privado de Atlanta, calificado de "lío terrible", "caos", "rnediocre", "desastroso", "los peores Juegos de la historia", etcétera, haya superado al modelo mixto, con destacada presencia pública, de Barcelona 92, y aunque se produzcan importantes beneficios contables para la empresa privada de Atlanta nunca serán superiores a los que se produjeron en términos globales y de proyección exterior para la ciudad de Barcelona. El graffiti que luce en el centro internacional de prensa de Atlanta es suficientemente expresivo: "Barcelona, te echamos de menos" (The Independent, 25 de julio de 1996). Como también es conocido que la única obra que no estuvo concluida a tiempo en Barcelona 92 no pertenecía al derrotado sector público, sino al sector privado -hotel Les Arts-, cuyos costes, además, multiplicaron por cinco las previsiones iniciales. Pero, ¿no habíamos quedado que lo público era intrínsecamente inferior a lo privado?... Inferior, ¿en qué y respecto de qué, parámetros u objetivos?

De hecho, el problema se centra en el tema de la gestión, de sus objetivos, de su control y del para quién y para qué se gestiona. En nuestros días cada vez más se confunde el empresario con el gestor y esto tiene que ver con la magnitud de la empresa. En la- pequeña y mediana empresa, el empresario suele coincidir con el propietario y el gestor. En la gran empresa, la figura del empresario propietario se difumina, al tiempo que, como referencia, aparece magnificado el papel. del gestor que, las más de las veces, no suele ser propietario o lo es en proporciones mínimas.

Así, y refiriéndonos al caso español, los responsables ejecutivos de las grandes empresas suelen tener, en términos relativos, muy escasos recursos propios comprometidos con las sociedades que dirigen (véase cuadro inferior adjunto). En el caso del capital financiero, sus consejos de administración con participaciones del 1% de la propiedad del total de las acciones controlan los bancos y, a través de éstos, con participaciones no mayores del 7% controlan, en muchas ocasiones, a las grandes empresas. Por ejemplo, el consejo actual del BBV controla el banco con una participación del 1,153%, y éste, a su vez, controla Iberdrola con un 11%; es decir, el Consejo del BBV controla Iberdrola con una participación muy reducida: el 0,12% (el 1,153% del 11%).

Ejemplos como éstos podrían multiplicarse porque la, suma de las acciones propiedad de los miembros de los consejos de administración en estas grandes empresas y, en particular, en los bancos es notoria, y conscientemente baja, siguiéndose la clásica estrategia del capital financiero de. controlar el máximo capital, ajeno con el mínimo propio. Esto es, los dirigentes de los bancos españoles son, más que propietarios-empresarios, gestores bancarios que, digamos, prestan sus servicios para obtener los máximos rendimientos para las empresas en las que arriesgan ahorros miles, o centenares de miles, de accionistas.

Así, el gestor privado, al no estar especialmente vinculado a la empresa como propietario, se parecería cada día más al gestor público. En el caso de la gran empresa privada, gestiona para miles, decenas o centenares de miles de accionistas, mientras que en la gran empresa pública se gestiona para todos los ciudadanos.

En los últimos años hemos asistido al éxito de gestiones públicas en empresas como ENDESA, Repsol, Telefónica, Tabacalera o, Argentaria, donde se han obtenido no sólo crecientes beneficios empresariales, sino que también se han alcanzado otros objetivos económicos e industriales coherentes con la política económica global. Todas ellas, en mayor o menor grado, son empresas en las que, por una parte, está presente el Estado con una participación significativa en el capital, y por otra, también están -después de varios procesos de privatización- centenares de miles de accionistas o ahorradores privados. Con ello se ha conseguido maximizar, entre otros factores, por la, presencia del Estado, la confianza de los inversores -un valor trascendental en la evolución de las empresas- y, además, se han realizado los cambios oportunos para conseguir gestiones eficaces y eficientes como consecuencia, entre otros factores, de la presencia privada.

En síntesis, en todo el amplio proceso de privatizaciones parciales: realizadas hasta la fecha, en las grandes empresas públicas rentables, se ha mantenido la presencia del Estado y, por tanto, el carácter público de estas empresas, sin la necesidad de que el Estado conservara participaciones elevadas en las mismas, al tiempo que se incitaba a una gestión más eficiente y competitiva en los mercados. Y todo ello sin alterar ni la naturaleza ni la estructura de estas grandes empresas porque, como bien ha señalado el actual director general de Industria, "privatizar un tramo no es privatizar..."

Muy probablemente esta mesurada imbricación de lo público y lo privado no estuviera en la mente de los protagonistas, pero mientras no se pusiera en peligro el control público -la maximización de la confianza - el proceso privatizador limitado tenía mucho sentido, y la Ley de 23 de marzo de 1995 de Régimen Jurídico de Enajenación de Participaciones Públicas en Determinadas Empresas no hacía sino procurar un adicional aseguramiento del interés público como sustitutivo de la propiedad mayoritaria del capital. Por, el contrario, cuando se pretenden privatizaciones totales de estas empresas -en las que es notorio, al menos en algunas- de ellas, el interés público al que hace referencia el, artículo 90-2 de Tratado de la Unión Europea- el mantenimiento y garantía de ese interés público sólo se puede cubrir con un forzado intervencionismo de difícil articulación.

Un proceso privatizador total de las grandes empresas públicas de carácter estratégico como el que se anuncia no sólo altera el modelo -bastante racional- de equilibrio entre lo público y lo privado al que se estaba llegando -recuérdese, por cierto, qué, el sector público español es el más raquítico de toda Europa-, sino que, en nuestro caso, propicia un inevitable proceso de concentración del poder económico, que es precisamente todo lo contrario de lo que propugnan algunos utópicos defensores del capitalismo popular. En definitiva, lo que se persigue es entregar las empresas públicas rentables a grupos de intereses privados. Pero, dada su dimensión -las primeras en beneficios y cifra de ventas-, esos grupos privados no pueden ser otros, en la práctica, que dos o tres grandes bancos que ya cuentan con posiciones destacadas y crecientes en dichas empresas (véase gráfico superior adjunto). En muy pocos meses, con desembolsos y participaciones relativamente modestos, accederán al control y a la gestión de esas empresas públicas. Sus consecuencias son fácilmente previsibles: una importante concentración del poder económico en torno a la banca privada a través de gestores privados con participaciones mínimas en el capital y al servicio de los intereses bancarios; una alteración brusca del equilibrio entre lo público y lo privado, que tendrá su repercusión en otros ámbitos de la sociedad, y, finalmente, una acusada vinculación banca-industria de tan negativas consecuencias en el pasado más reciente de la banca y de la historia económica española.

Los llamados núcleos duros en las grandes empresas son núcleos constituidos -al menos, en la mayoría de los países europeos- por capitales y grupos industriales que entrecruzan estratégicamente sus participaciones y dan solvencia y garantía de largo plazo. En nuestro caso es bien diferente pues están constituidos básicamente por capitales o grupos bancarios. Además, ese tipo de núcleos duros, en especial si las circunstancias no son favorables para los bancos. que las controlan, son menos duros. Son núcleos blandos. Los bancos pretenden ahora una vinculación a las más grandes empresas estratégicas, pero más fluida o, si se quiere, menos decisiva o comprometida en la propiedad, de forma tal que estén en condiciones de desentenderse, sin excesivo coste, de sus participaciones. En esta -nuestra- situación, y dadas las características de estas empresas y de nuestra estructura industrial, es el Estado -con participaciones adecuadas y, en todo caso, reducidas- el único y posible núcleo duro que garantiza la confianza, la estabilidad - y hasta un cierto y con veniente, en algunos casos, componente nacional-, evitando gratuitas y peligrosas concentraciones de poder.

En conclusión, detrás de un disimulado capitalismo popular está la entrega de las empresas públicas rentables a los grandes grupos bancarios privados; que son, en definitiva, los que van a sustituir al Estado en la gestión y en el control de estas empresas. La operación sería completa - y coherente con los postulados liberales- si al atractivo paquete anterior se le añadiera, al menos, la devolución a la iniciativa privada de Hunosa, AHV, Astilleros Españoles o tantas otras que, en su tiempo, también generaron grandes beneficios pero que, ahora, por diversas circunstancias, están socializando pérdidas.

Juan Muñoz y Santiago Roldán son catedráticos de Economía Aplicada y Ángel Serrano es abogado y economista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de agosto de 1996

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