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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El 'agujero'

TODA NUEVA duda sobre si España va a poder cumplir en 1997 los criterios de Maastricht en materia de déficit e inflación genera de inmediato unos remolinos en los mercados financieros que tienen un coste económico. Los miembros, del Ejecutivo deben tener especial cuidado en sus palabras y en sus decisiones. Pasar de la oposición al Gobierno implica un grado mucho mayor de responsabilidad y cautela. El Partido Popular experimentó ya estos efectos en el interregno entre las elecciones generales y la formación del Gobierno, cuando Rodrigo Rato insinuó la idea de parar el reloj de la moneda única, para tener que rectificar a las dos horas ante el nerviosismo de los mercados.Es práctica habitual que un equipo gubernamental nuevo achaque a su predecesor buena parte de los problemas que le toca ahora resolver. El PSOE lo hizo en 1982. El PP lo hace ahora al plantear la existencia de un agujero presupuestario de 721.000 millones de pesetas para el ejercicio en curso, y en base a él justifica una subida notable de las tasas sobre el tabaco y el alcohol con la que el Gobierno de Aznar ha incumplido su compromiso electoral de no aumentar los impuestos. Y es justamente este incumplimiento el que la semana pasada lanzó la voz de alarma en los mercados sobre las verdaderas posibilidades de España para respetar los criterios de déficit e inflación del plan de convergencia, y obligó de nuevo a Rato, ahora ya vicepresidente y ministro de Economía, a salir a la palestra para tranquilizar a unos mercados que estaban haciendo caer la peseta y aumentar los tipos de interés. Pues, a diferencia de 1982, el Gobierno del PP tiene que contar con la hipersensibilidad de unos mercados de capitales mucho más globales y liberalizados y con la existencia de la cita de Maastricht, que sirve de rasero para juzgar la marcha de las economías de la UE.

¿Existe este agujero? El PP así lo asegura. El anterior ministro de Economía, Pedro Solbes, lo niega, o al menos lo rebaja a sólo 70.000 millones. Solbes tiene una credibilidad reconocida. Su gestión llevó a acercar el déficit declarado de las cuentas del Estado a la realidad, aunque probablemente no a igualarlos, lo que abonaría la posición del Gobierno. Pero éste, a través de los ministros de Trabajo y de Agricultura, ya descubrió en mayo agujeros que luego se desvanecieron

Detrás de este debate hay complejos elementos de técnica contable que afectan al modo de calcular el déficit. Pero exista o no, a España no le conviene exhibir ahora este supuesto agujero. No es sensato desbocar el caballo sobre el que España intenta llegar a Maastricht. Aunque respondiera a una realidad -que no necesariamente la realidad-, la actualización del déficit que plantea el Gobierno puede impedir definitivamente que España participe plenamente en la Unión Monetaria en 1999. Podría, además, hacer perder a nuestro país los beneficios del Fondo de Cohesión que, contrariamente a los Fondos Estructurales Comunitarios (regional, social y agrícola), sí están vinculados al cumplimiento de los objetivos de convergencia. Bruselas, siempre con el oído fino, ya se ha puesto en alerta. Ahora bien, una vez despertada la liebre, la polémica sobre el agujero se debe dilucidar en el lugar adecuado, es decir, en el Parlamento, en la primera ocasión posible y con sosiego.

Escudarse, en la herencia recibida le servirá políticamente de poco al Gobierno de Aznar. El déficit es ahora su problema y a él le toca. lidiarlo. Pero el actual Gobierno debe esforzarse más por explicar las razones por las que España debe hacer todo lo posible para alcanzar los objetivos de convergencia económica. Con la vista en el futuro antes que en el pasado. Como decía el poeta, "ni está mañana, ni el de ayer, escrito". En materia de déficits, aparentemente, tampoco.

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