González pedirá que se apruebe el suplicatorio si el Supremo le llama por el secuestro de Marey

La dirección del PSOE ha asumido ya que habrá un antes y un después del 5 de septiembre. Esa es la fecha en que la Sala Segunda del Tribunal Supremo debe decidir si llama a declarar al secretario general del partido y ex presidente del Gobierno, Felipe González, en relación al sumario por el secuestro de Segundo Marey, la primera acción terrorista reconocida por los GAL.Las personas más cercanas a González aseguran que el secretario general mantiene su decisión y pedirá al Congreso que conceda el suplicatorio, si el Supremo le llama a declarar como imputado.

Estos interlocutores subrayan que el líder socialista reuniría al pleno del Grupo Socialista para solicitarle el voto favorable, porque querría comparecer ante el tribunal.Nada se ha movido en la conciencia de González desde que afirmó, el pasado invierno, que si el Tribunal Supremo solicita su suplicatorio pedirá a su grupo que vote a favor y extenderá la petición a toda la Cámara. Según estas fuentes, el líder socialista sería muy claro ante los suyos. Agradecería todos los gestos de solidaridad, pero insistiría en que todos deben coger la papeleta del sí.

Aquel anuncio lo hizo González a raíz de que el Supremo pidiera -el suplicatorio para el ex ministro del Interior, José Barrionuevo, hoy procesado por el secuestro de Marey. González afirmó entonces que ante el suplicatorio la decisión debe ser muy personal, pero que la suya sería la citada. Cuando ahora ha vuelto a repetir esta opinión ante muy pocas personas, sus interlocutores aseguran que el secretario general la formula con tranquilidad.

Inquietud

Uno de los dirigentes socialistas ante los que González ha abordado este asunto resume así el criterio que manifestó: "Si el Supremo no ve razones para pedir el suplicatorio, el secretario general del PSOE simplemente declarará que respeta esa o cualquier otra decisión del alto tribunal. Si le quieren llamar a declarar, inmediatamente dirá que el Congreso de los Diputados debe conceder el suplicatorio".La tranquilidad que muestra González no es tanta en la dirección de su partido y algunos miembros del comité federal lo pusieron en evidencia el pasado sábado. Hasta que no haya una decisión del Tribunal Supremo, muchos socialistas no se ven con fuerza para acometer la labor de oposición con la firmeza debida.

La dependencia que todo el partido tiene de González contribuye a que su suerte afecte a una organización de casi trescientas mil personas, por mucho que haya unas decenas que esporádicamente reivindican "la mayoría de edad" del PSOE para ofrecer un proyecto a la sociedad al margen de que el presidente del Gobierno lo defienda en primera línea. Eso sí, después de las elecciones del pasado 3 de marzo, con una derrota pero más de nueve millones de votos, el liderazgo interno de González se ha reforzado aún más si cabe.

El resultado del 3-M y la derrota electoral por algo menos de 200.000 votos ha hecho olvidar por un trimestre la zozobra con la que el partido socialista esperó, sin éxito, a que el Supremo se definiera sobre la posible citación del ex jefe del Ejecutivo como imputado para declarar sobre el secuestro de Marey.

Ahora se espera a que la Sala Segunda se reúna en pleno, el próximo 5 de septiembre, para estudiar los recursos que piden que se llame a declarar a González, al ex vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Txiki Benegas.

Los miembros de la sala del Supremo tienen el asunto sobre sus mesas desde hace 25 días, por lo que muchos de ellos pueden tener ya la decisión tomada. En el PSOE se hacen cábalas, pero sin lograr ninguna conclusión.

Los socialistas lamentan que se haya impuesto entre muchos jueces la doctrina de es mejor citar a los testigos como imputados desde que pueda existir el más mínimo indicio. Reconocen que es una medida "garantista", porque permite al citado prestar declaración con asistencia letrada, pero consideran que se proyecta una imagen negativa de cualquier aforado cuyo interrogatorio autoriza el Congreso.