Respuesta inteligente a ETA

La política antiterrorista de Jaime Mayor Oreja ha ganado en credibilidad. El ministro del Interior ha buscado en la mesas de Ajuria Enea y de Madrid el consenso que el propio PP había quebrado en la oposición. Cuando ETA ofreció un diálogo -aunque nada creíble-, el Gobierno, propició una respuesta inteligente. En materia tan delicada, el Gobierno ha obtenido logros importantes, especialmente, con los apoyos europeos -Francia sobre todo- a la lucha antiterrorista.En este terreno, la política europea del PP ha tenido éxito, si bien construía sobre lo ya logrado por los anteriores Gobiernos. Pero sólo se reconocen los méritos propios, y los fallos son ajenos. Así, España ha salido mal parada en la regulación europea de frutas y hortalizas -culpa del PSOE-, pero bien en la defensa de los fondos estructurales -éxito del PP-. Con grandes temas en el horizonte, seguimos sin saber qué Europa quiere un Gobierno popular que parece confiar en que otros países, en particular Francia, le saquen las castañas del fuego. La política exterior española ha perdido en autonomía. Resulta novedoso que un jefe de Estado de Colombia -aunque sea el polémico Ernesto Samper y de visita privada tras una visita oficial a París- se encuentre en Madrid y no se le reciba en La Moncloa. Tampoco la política hacia Cuba parece clara. Y es en materia de defensa que se ha anunciado el paso a un ejército totalmente profesional con excesiva antelación, lo que ya ha comenzado a generar graves problemas de objeción de conciencia. No obstante, el ministro Serra ha demostrado tacto y cautela en otra serie de temas, desde el Cesid a la OTAN.

La nueva definición de la España de las autonomías avanza a paso firme, fruto del acuerdo entre el PP y CiU. Probablemente no sea éste el mejor momento para introducir un nuevo sistema de financiación autonómica que tiene todos los visos de traducirse en más gasto público, dificultando así el cumplimiento de los criterios de convergencia. El Gobierno ha dado pasos para una mejor participación de las comunidades autónomas en los asuntos europeos al crear la figura del agregado autonómico en Bruselas y al potenciar la Conferencia Sectorial. También el proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) es un paso importante en la adecuación del- Estado de las autonomías.

En todo su planteamiento económico, el Gobierno confiaba excesivamente en un crecimiento económico que, efectivamente- a niveles suficientes, lo cura casi todo. Pero el Gobierno parece haber seguido a Chirac -¿en su error?- al posponer para después del verano las decisiones más duras. Ahora, la prueba de fuego vendrá con los presupuestos para 1997. El Gobierno empezó por medidas económicas que nadie le reclama ba con urgencia. La mejora del trato fiscal de plusvalías, herencias y algunos aspectos empresariales favorece sólo a determinados sectores de la población y merma la capacidad recaudatoria del Estado, que debe ser compensada por otras vías. Así, antes de haber cumplido sus primeros tres meses, con una importante subida de tasas sobre el tabaco y el alcohol, el Gobierno ha incumplido uno de sus dos grandes compromisos electorales: no aumentar la presión fiscal. Ya la ha aumentado, y precisamente en los impuestos indirectos, que carecen del factor de progresividad de los de la renta. Sigue, eso si, repitiendo un día tras otro su compromiso con otro gran reto: el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones actuales. En cuanto al diálogo social, empezó, como se había prometido, pero con dificultades inmediatas. Los sindicatos no quieren apoyar la política del PP, menos aún cuando éste anticipa la congelación del sueldo de los funcionarios para 1997.

Con buen tino, pero mala forma, el Gobierno se lanzó en un primer momento en un impulso liberalizador: farmacias, suelos, colegios profesionales, etcétera. Pero hasta ahora no ha tenido un desarrollo suficiente, y la complejidad de nuestro Estado de las autonomías dificulta su puesta en práctica. Poco liberalizador, sin embargo, se ha mostrado el Gobierno popular a la hora de abordar la desregulación de un sector clave y de futuro como es el de las telecomunicaciones. Amordazar a la Compañía Telefónica no parece acertado. Detrás laten líneas de ingeniería industrial-financiera para constituir, a la sombra de las regulaciones y de un proceso privatizador muy cacareado pero aún incierto, núcleos políticamente afines al PP.

Al marcharse Aznar y casi todos sus ministros de veraneo, los simbólicos cien días de gracia se han quedado, si acaso, en tres meses justos. Toda una estación. La primavera ha pasado para Aznar. Aunque aún es pronto para saber qué provecho habrá sacado del capital político gratuito que le ha brindado este plazo tradicional.