El embrollo de los papeles secretos...

ENFRENTADO AL peliagudo dilema de si desclasificar como habían solicitado tres jueces, documentos secretos del Cesid -parcialmente conocidos tras la publicación de algunos de ellos en la prensa-, el Gobierno ha optado por un criterio eminentemente político. Así se deduce tanto de la naturaleza de la resolución adoptada como del mensaje con que ha sido presentada. Por una parte, el Gobierno ha decidido aplicar el mismo criterio a todos los documentos solicitados, sin hacer distinción en función de su contenido; por otra, ha invocado el deseo de la sociedad de mirar al futuro más que al pasado, con el que dice identificarse el Gabinete, para dar el asunto por zanjado, a la vez que anuncia un nuevo marco legal que sustituya a la actual Ley de Secretos Oficiales.La hipótesis de que, el Gobierno desclasificaría algunos documentos, pero no otros, en función de su incidencia en la seguridad del Estado había sido considerada como probable. De un lado, porque permitía dar satisfacción a las diferentes opiniones que constaba existían en el seno del Gobierno. De otro, porque permitía un apaño entre la visión del asunto transmitida por el PP cuando estaba en la oposición -"no es la seguridad del Estado, sino la de González la que depende de los papeles"- y la más matizada luego adoptada desde el Gobierno. Era la solución más fácil, y por eso probable, pero ha sido otra la adoptada.

En la decisión final parece haber primado el criterio político de no sentar un precedente que podría resultar fatal para la credibilidad de los servicios españoles en el supermercado mundial de los secretos. Abrir la posibilidad de que un día puedan desclasificarse informes que se consideraron secretos cuando fueron realizados plantearía serios problemas internos: los agentes evitarían informar de ciertos temas. Pero también, sobre todo, en relación a los servicios secretos de otros países cuya colaboración, solicita España; para combatir a ETA, por ejemplo. Al aplicar el mismo criterio a todos los papeles, con independencia de su contenido concreto, el Gobierno transmite un mensaje dirigido sobre todo a ese mundo de agentes y servicios secretos.

Al justificar la resolución con el argumento de que hay que dejar de mirar al pasado, el Gobierno se sitúa también en un terreno político antes que jurídico. Transmite la idea de que comparte con la mayoría de los ciudadanos la sensación de hartazgo ante cuestiones que fueron acuciantes hace 10 o 12 años, pero que no figuran entre sus preocupaciones actuales. La idea se refuerza con el anuncio de un nuevo marco legal para los secretos oficiales, reconociendo así que el anterior -en el que se amparó el Gobierno socialista para desestimar la petición de los jueces- no es satisfactorio. El mismo sentido tiene aprovechar la ocasión para reiterar su voluntad de reformar el Cesid.

Para actuar de esa manera, el Gobierno se ha tomado tiempo -tres meses-, durante el que, además de enfriar el asunto, se ha asegurado de que al hacerlo no vulneraba ninguna norma legal. Una sentencia del Tribunal de Conflictos había establecido ya en diciembre pasado que la potestad para clasificar y desclasificar documentos secretos corresponde en exclusiva al Gobierno. El dictamen emitido hace dos semanas por el Consejo de Estado confirma esa exclusividad, afirmando que es el Consejo de Ministros quien debe valorar "los lntereses en juego" y en particular "el de la seguridad del Estado, cuya exclusiva interpretación le corresponde". Al motivar su decisión con el argumento de que los documentos en cuestión inciden en la seguridad del Estado, el Gobierno cuenta con el aval indirecto de casi todos los miembros de la comisión parlamentaria de secretos oficiales, los cuales, tras conocer el contenido de los papeles objeto de la polémica, admitieron hace diez meses, aunque en algún caso con matizaciones, que sí afectaban a la seguridad.

El otro problema es si, como ayer opinaron algunos políticos, la resolución implica garantizar la impunidad del general Rodríguez Galindo y demás procesados en sumarios cuyos instructores solicitaron esa desclasificación. Es improbable que así ocurra porque en los sumanos hay los suficientes elementos incriminatorios como para que, por ejemplo, el juez Gómez de Liaño, pese a no poder tomar en consideración los papeles robados por Perote cuya desclasificación solicita, estimara en un auto que existían "diáfanas responsabilidades" de Galindo en el caso Lasa-Zabala.