Ciu exige al Gobierno que concrete el ajuste para 1997 y no cree mas inquietud entre los inversores

El principal socio nacionalista del Gobierno en el Parlamento, Convergéncia i Unió (CiU), criticó ayer las vacilaciones de¡ Ejecutivo en torno a algunas decisiones encaminadas a reducir el déficit público en 1997, como la congelación salarial de los funcionarios, y exigió una mayor concreción y prudencia para evitar la respuesta negativa de los mercados. El Consejo de Ministros discutió ayer varias medidas para aumentar ingresos y reducir gastos aunque sin tomar ninguna decisión al respecto, amparándose en que la negociación presupuestaria aún sigue abierta.

El Gobierno ha aplazado hasta después del verano la presentación de un borrador sobre los Presupuestos Generales para 1997. Un proyecto clave para lograr reducir el déficit público al 3% del producto interior bruto (PIB) que exige la entrada en la unión monetaria europea. La negociación para cuadrar el ajuste de 1,2 billones de pesetas que se pretende, que debe contar con el respaldo de los socios nacionalistas del Gobierno, está siendo más costosa de lo anticipado.CiU no dudó ayer en dar un toque de atención al Ejecutivo. El vicepresidente del Congreso y diputado convergente, Josep López de Lerma, arremetió contra la oleada de opiniones contradictorias que diferentes cargos del Ejecutivo han vertido sobre las líneas económicas a desarrollar en el futuro inmediato del país. López de Lerma, que participó en un curso organizado por la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial, puso como ejemplo las vacilaciones sobre las decisión de congelar el sueldo de los funcionarios. "El Gobierno debe dejar de hablar y debe escribir más en el BOE". Añadió que las distintas opiniones del Ejecutivo crean inestabilidad en los mercados y alarma social.

El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Angel Rodriguez, aseguró en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que las negociaciones con los socios catalanes sobre los presupuestos siguen "su ritmo normal". Rodríguez restó importancia a que las líneas maestras del Presupuesto no hubieran quedado definidas en la reunión de ayer, la última antes de las vacaciones de verano. Aseguró que no se ha descartado aún ninguna opción, "porque el Presupuesto no está cerrado".

Una de las medidas que se barajan es la de incrementar las tasas de algunos servicios públicos, reconoció Rodríguez. Una medida con la que se pretende aumentar los ingresos en unos 150.000 millones de pesetas. Tampoco ha quedado descartada la subida de los impuestos sobre los combustibles, aunque es una propuesta que de la que recela el equipo económico por su impacto en la inflación, otro de los requisitos de convergencia de Maastricht.

El Gobierno pretende reducir en 800.000 millones los gastos y aumentar los ingresos previstos en 400.000 millones para lograr un ajuste de 1,2 billones. Entre las decisiones tomadas en los últimos días encaminadas a cumplir este objetivo destacan: la congelación de los sueldos de los empleados públicos, que ahorraría 200.000 millones; el acuerdo entre Sanidad y Farmaindustria para rebajar en 63.000 millones el coste de los medicamentos, y el menor gasto en prestaciones por desempleo cifrado por el Inem en 180.000 millones. El secretario de Izquierda Unida (IU), Salvador Jové, expresó ayer su preocupación por el ajuste que prepara el Gobierno y advirtió sobre su "alto coste social".

Por su parte, el ministro de Industria, Josep Piqué, rompió ayer el aparente consenso que existía en el Gabinete en contra de cobrar un canon sobre el agua. En una entrevista publicada por el semanario L'Hora del Garraf, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Piqué se mostraba partidario de trasladar al resto del Estado algunas tasas que se aplican en Cataluña por el agua o por contaminar los cursos fluviales, informa Efe. El ministro defendió la introducción de "mecanismos disuasorios o discriminatorios en función del nivel de renta e ingresos para percibir determinados servicios públicos".