Bruselas considera ilegales 2.900 millones créditos públicos recibidos por Tubacex
La Comisión Europea ha decidido obligar a Tubacex a restituir créditos públicos acordados entre 1992 y 1994 porque ha concluido que se trata de ayudas públicas. La Comisión, en cambio, considera legales la venta de terrenos al Gobierno vasco -por entender que se realizaron a precios de mercado- y la participación de organismos públicos en el acuerdo de acreedores concluido para levantar la situación de suspensión de pagos que atravesó la empresa vasca.Tubacex, que fabrica tubos sin soldura inoxidables, y su filial Acería de Alava, obtuvieron diversos préstamos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y de la Seguridad Social que la Comisión Europea considera ahora ayuda pública ilegal porque los tipos de interés que se aplicaron (9%) estaban por debajo de los que existían en el mercado en aquellos momentos.
En concreto, el departamento que encabeza el comisario belga Karel van Miert, ha considerado ilegales cuatro operaciones: El acuerdo de préstamo concluido en julio de 1992 entre el Fogasa, Tubacex y Acería de Alava, modificado por acuerdo en febrero de 1993 y febrero de 1994, por 376,2 millones de pesetas el primero y 372 millones el segundo. Acuerdo de préstamo cerrado en marzo de 1994 entre el Fogasa, Tubacex y Acería de Alava, en su versión modificada de octubre de 1994, por un montante principal de 469,5 millones de pesetas. Acuerdo de marzo de 1994 entre la caja de la Seguridad Social y Acería de Alava para reescalonar deudas por 274,4 millones de pesetas. Acuerdo de abril de 1994 entre la caja de la Seguridad Social y Tubacex para reescalonar deudas por 1.409,9 millones de pesetas.
En conjunto, Tubacex deberá reembolsar 2.900 millones de pesetas y los intereses generados desde que se cerraron las citadas operaciones. Tubacex atravesó una grave crisis en el ejercicio de 1992, año que cerró con unas pérdidas de 12.300 millones de pesetas.
En junio de aquel año, la dirección de la compañía decidió suspender el pago de sus deudas. La suspensión de pagos se levantó en octubre de 1993 tras concluir un acuerdo con los acreedores, cuyo eje fue una emisión de obligaciones convertibles para transformar la deuda en capital.
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