Medios y fines

La comparecencia el pasado lunes del ministro del Interior ante la comisión del Congreso para informar sobre la expulsión de 103 inmigrantes ilegales africanos, transportados en cinco aviones militares a Camerún, Senegal, Malí y Guinea Bissau a finales. de junio, ha permitido conocer la versión oficial y las explicaciones gubernativas de esa penosa odisea. Los incidentes causados el pasado domingo en el aeropuerto madrileño de Barajas por un grupo de 16 guineanos, renuentes a ser devueltos a su país de origen, muestran cómo las restricciones fronterizas impuestas a España por la Unión Europea están creando un conflicto endémico que pone demasiadas veces en riesgo el respeto por los derechos humanos de los inmigrantes ilegales.El ministro Mayor Oreja reconoció anteayer que la deportación de los 103 africanos llegados a Melilla sin papeles no fue una operación modélica y mantuvo un tono razonablemente autocrítico a lo largo del debate parlamentario. Queda vivo el recuerdo, sin embargo, de los despropósitos vertidos por otros altos cargos del Gobierno desde que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Amnistía Internacional, el Defensor del Pueblo y un sindicato policial llamaron la atención sobre el incumplimiento de algunos trámites de la ley de Extranjería en el procedimiento de expulsión, la sedación a hurtadillas de los deportados, la falta de vacunación de los policías de escolta y el empleo de fondos reservados para abrir las puertas de algunos países africanos. Las exculpaciones iniciales disparadas a bote pronto por los dirigentes del PP para protegerse de esas primeras denuncias pertenecen al más viejo repertorio retórico del poder. Aznar levantó el telón con una formulilla autoritaria ("había un problema y se ha solucionado") dirigida a justificar, no ya los malos medios por los buenos fines, sino el contenido de cualquier fin por la eficacia del medio utilizado para conseguirlo. En este despliegue argumental para silenciar las críticas no podía faltar la pretensión del Gobierno de fijar la agenda de las noticias que los medios deben publicar y los ciudadanos leer o escuchar; José María Michavila, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, señaló que la deportación de los 103 inmigrantes ilegales era un asunto menor abultado artificiosamente por el nerviosismo de los socialistas.Miguel Ángel Rodríguez, secretario de Estado de Comunicación, calificó de "irresponsables" las informaciones del sindicato policial que había denunciado las irregularidades; sin temor a contradecirse al reconocer implícitamente la veracidad de esa noticia, insinuó al mismo tiempo ("no se ha hecho nada especial que no se viniera haciendo antes: se ha hecho como se ha hecho siempre") que los métodos utilizados para expulsara los inmigrantes ilegales de Melilla eran idénticos a los procedimientos empleados por el Gobierno socialista en operaciones semejantes. Ignacio Gil Lázaro, portavoz del PP en la Comisión de Interior, llevó el argumento hasta el final al afirmar que "el partido de los GAL no puede dar lecciones de derechos humanos" a los populares; las implicaciones de esa premisa son a la vez absurdas y aterradoras: si las denuncias contra el Gobierno Aznar fuesen desoídas o archivadas por el simple hecho de que el PSOE las formulase o las apoyara, el PP entraría en un reino de completa impunidad.

Caso de prosperar esa extravagante doctrina, las críticas de los populares a los socialistas durante la anterior legislatura por sus responsabilidades en casos de terrorismo de Estado y de corrupción quedarían despojadas retrospectivamente de autenticidad y de sentido. En cualquier caso, los errores o los delitos cometidos por los gobernantes del PSOE nunca justificarían a sus sucesores en el poder para perpetrar idénticos pecados; la suposición de que los precedentes del pasado pudieran servir al PP como un cheque en blanco para actuar a su antojo es democráticamente aberrante y jurídicamente insostenible.