"No vamos a tomar ninguna decisión colectiva con los presos de ETA"

Angel Yuste, de 39 años, natural de Tragacete (Cuenca), es director de Instituciones Penitenciarlas desde el pasado 25 de mayo, el mismo día en que entró en vigor el nuevo Código Penal. Yuste tiene hoy a su cargo a 37.946 reclusos y no considera utópico acabar con el hacinamiento y que cada preso tenga su celda individual.Pregunta. Hace unas semanas ha trasladado a 32 presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. ¿Habrá nuevos traslados?

Respuesta. El ministro del Interior ha sido bastante claro al decir que vamos a seguir una política individualizada con los terroristas y, en consecuencia, no podemos anticipar cuál va a ser la evolución de estas personas ni el destino que se les asigne.

P. El PP habla ahora de hacer una política individualizada con los presos. Lo mismo decía el PSOE. Usted, que está en Instituciones Penitenciarias desde la anterior etapa, ¿podría decir cuál es la diferencia?

R. La política penitenciaria siempre es individualizada. En ese sentido no hay una gran diferencia y continúa en lo sustancial. La diferencia está en los matices.

P. ¿Cuáles son esos matices?

R. Por ejemplo, hablar de dispersión equiparándola a alejamiento o hablar de agrupamiento son conceptos acuñados en la prensa que conllevan una carga informativa que no responde a la actividad penitenciaria. Creo que la aportación está en desnudar las decisiones de ese componente periodístico. No vamos a tomar ninguna decisión colectiva que pueda equipararse a alguna de esas etiquetas.

P. ¿La política de dispersión de otros tiempos está agotada?

R.Tiene algunos componentes que son positivos en cuanto permite al individuo alejarse de las presiones del resto del colectivo y algunas limitaciones. Por ejemplo, las familias de los reclusos tienen que desplazarse de su residencia habitual y eso permite una actuación del entorno violento y, además, proyecta la pena -que debe recaer sólo sobre el recluso- a su entorno familiar. Eso no quiere decir que se reunifique a todos los reclusos ni que se utilice el alejamiento geográfico como un castigo añadido.

P. Las familias de los presos viajan en grupos hasta las prisiones y pueden ser adoctrinadas por el entorno de ETA. ¿No hace esto que la dispersión tenga más inconvenientes que ventajas?

R. Ese es uno de los problemas que queremos solventar. Aspiramos a percibir la pulsión social sobre este tema y a lograr el mayor consenso a nuestra política penitenciaria.

P. ETA quiere que se reagrupe en una misma cárcel a siete de sus presos para que sean interlocutores con la Administración en el caso del secuestro de Ortega Lara. ¿Qué se va a hacer?

R. La Administración no puede hacer ningún tipo de reflexión sobre esos planteamientos. Incluso polemizar o dar publicidad a este tema me parece profundamente negativo.

P. ¿Está habiendo contactos con los presos de los GRAPOS? ¿Existe el proyecto de reagruparlos en una cárcel?

R. No hay ningún proyecto de reagrupamiento de los internos del GRAPO. La Administración realiza con ellos una intervención individualizada tendente a que abandonen la lucha armada y que cuando cumplan la condena estén en disposición de respetar la ley penal.

P. El nuevo Código Penal establece la figura de los arrestos de fin de semana. ¿Hay suficiente infraesctructura para acoger a las personas que cumplan estas penas?

R. No hemos tenido una gran demanda de arrestos de fin de semana. Hoy sólo hay nueve personas en esta situación. Ahora tenemos unas 200 plazas para arrestos de fin de semana, aunque los centros de régimen abierto también pueden ser utilizados en un supuesto de emergencia. Al no producirse esa demanda por juzgados y tribunales, no se ha producido esa coyuntura.

P. La ley contempla la posibilidad de que se cumplan arrestos de fin de semana en los depósitos municipales, pero los Ayuntamientos no están por esa tarea. ¿Cuánto pagará Instituciones Penitenciarias a los Ayuntamientos por cada interno?

R. Nosotros sufragaríamos el gasto de manutención con una cantidad equivalente a la que destinamos a la alimentación de nuestros reclusos, que está en tomo 1.300 pesetas por interno y día pero estamos intentando aumentar la cantidad por interno y día.

P. ¿La entrada en vigor del nuevo Código conllevará una disminución de los reclusos?

R. No creo que se produzca una disminución importante.

P. ¿Cuál es la evolución de la población reclusa con sida?

R. Los seropositivos están en torno al 20%. Pero intentamos mantener la confidencialidad de esa información porque no queremos que a la estigmatización que se produce por el hecho de ser ex recluso se una la de ser portador del sida o estar en fase terminal. La normativa penitenciaria permite dar solución a este problema.

P. ¿Cómo es posible que haya tanta droga en la cárcel?

R. No hay tanta como se dice. ¿Cómo entra la droga? Pues porque no somos capaces de impermeabilizar la cárcel. Nuestros centros son permeables a los contactos con familiares y amigos y a través de esos contactos, o bien a través de los presos que salen de permiso, se produce un flujo de drogas.

P. Ustedes siempre responsabilizan de la droga a la familia de los presos. ¿No hay funcionarios corruptos implicados?

R. Puede haber una actuación aislada de funcionarios. No responsabilizamos a las familias de la droga, pero ése es un hecho testarudo y no parece lógico negarlo.

P. ¿Va a mantener la política de permisos a los presos?

R. La idea es mantenerla y hacer que el índice de fracasos sea el menor. Sólo se fugan el 0,9% de los que salen de permiso y hay que desdramatizar los efectos negativos.

P. ¿Que haya un recluso por celda es una utopía y seguirá siéndolo durante muchos años?

R. No tiene por qué ser una utopía, si el Código Penal es capaz de derivar un número importante de reclusos hacia las penas sustitutivas (arrestos fin de semana, trabajo en beneficio de la comunidad ... ) y si es capaz de actuar sobre colectivo como el de los extranjeros, que penitenciariamente es difícil de reinsertar. Pero si se mantiene la tendencia, será posible tener a un recluso por celda en cinco u ocho años.

P. ¿Cómo será posible acabar con el hacinamiento?

R. Los internos que ingresaron por primera vez en 1995 y que han sido condenados a penas no superiores a dos años y que, por tanto, pudieran ser objeto de sustitutivos penales o del juego de una futura Ley Penal Juvenil son unos 3.000. Sí, además, pudiéramos sacar del sistema penitenciario a casi 6.000 extranjeros, estaríamos en torno a 9.000 internos menos. Si a eso añadimos un régimen abierto más generoso, podríamos reconducir el régimen ordinario o cerrado a unos 28.000. En ese momento, podríamos colocar al 70 u 80% en una celda individual.