El fiscal general del Estado ordena que se pida la libertad bajo fianza de Galindo

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, ha ordenado al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, que solicite la libertad bajo fianza del general Enrique Rodríguez Galindo, de 57 años, en la vista del recurso de apelación que se celebra mañana, según fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Sin embargo, no se opone a que el fiscal informe en la vista de que existen en el sumario indicios de que Galindo ha participado en calidad de autor por inducción en el secuestro, torturas y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

Granados, sin embargo, manifestó a Europa Press que no dio orden alguna al fiscal Aranda porque no tiene discrepancias con él. Aranda, según Granados, expuso sus criterios en una conversación y él le dio su conformidad.Aranda, a su vez, ha cursado una orden por escrito para que el fiscal que asista a la vista pida la libertad bajo fianza del general. El fiscal encargado del caso es Jesús Santos, pero se encuentra de vacaciones y se reincorpora el día 1 de agosto. De momento, el fiscal que deberá asistir a la vista de los recursos es Pedro Rubira, pero desde la Fiscalía se intenta localizar a Santos para que regrese el día 31 de julio.

Hace menos de un mes que el fiscal del caso, Jesús Santos, pidió que se confirmase la prisión y el procesamiento de Galindo. Por ello, en el caso de que se reincorpore a tiempo para la vista de las apelaciones, fuentes de la Fiscalía apuntaban que Santos podría acogerse al artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que le permite acatar la orden solicitando formal y escuetamente la libertad bajo fianza para Galindo -en prisión desde el pasado 23 de mayo-, pero luego realizar el informe ante la Sala con libertad de criterio.

La orden no fija la cuantía de la fianza que debe pedir el fiscal para Galindo, sino que se señala que se actúe conforme a derecho y a la capacidad económica del general. Fuentes jurídicas especulaban ayer con una petición de fianza en torno a los 15 millones de pesetas.

Los otros presos

Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que la orden de Granados afecta también a los otros tres miembros de la Guardia Civil procesados y en prisión preventiva por el asesinato de los dos etarras, el teniente Pedro Gómez Nieto, el ex sargento Enrique Dorado Villalobos y el ex cabo Felipe Bayo Leal.

Dorado y Bayo están procesados como autores materiales del secuestro, torturas y asesinato de Lasa y Zabala, mientras que Gómez Nieto lo está únicamente como autor de los dos asesinatos.

La petición no obliga al tribunal a aceptarla, puesto que existen en el proceso acusación particular y acción popular, que hasta ahora han mantenido la necesidad de que Galindo, Dorado, Bayo y Gómez Nieto sigan en prisión.

En el caso de que la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera poner en libertad a Galindo y sus subordinados, el juez instructor del caso Lasa-Zabala Javier Gómez de Liaño se vería en la obligación de liberar al ex delegado del Gobierno en el País Vasco Julen Elgorriaga por ser su intervención en los hechos similar a la de Galindo, según se expuso en su auto de procesamiento.

Elgorriaga ingresó en prisión el 19 de junio de este año después de ser procesado como "autor de dos delitos de detención ilegal, autor por cooperación necesaria de dos delitos de torturas y autor por comisión por omisión de dos delitos de asesinato".

En medios de la Audiencia Nacional se veía con preocupación ayer el hecho de que una eventual liberación de Galindo pueda llevar a abogados de presos preventivos de ETA a solicitar libertades invocando agravio comparativo o el principio de igualdad ante la ley. El argumento esgrimido es que jurídicamente no parece compatible que personas procesadas por asesinatos salgan en libertad bajo fianza mientras que otras sigan en prisión por haber escondido a un miembro de ETA, por ejemplo.

Visitas en prisión

Por otro lado, el juez Gómez de Liaño levantó ayer las restricciones a las visitas en prisión que habían sido impuestas a Galindo, Dorado, Bayo, Gómez Nieto y Elgorriaga. A partir de hoy las visitas serán tramitadas por el director de la prisión o por el responsable de instituciones penitenciarias.

La sección española de Amnistía Internacional (Al) afirmó ayer que no tiene intención de investigar la situación en prisión de Julen Elgorriaga. Al salió así al paso para negar el carácter de Investigación a la visita solicitada para el próximo día 4 por una representante sueca de la organización, Suzanne Rithander, a la que acompaña como intérprete la eurodiputada Bárbara Durkhop, quien testificó en este caso a propuesta de Elgorriaga.