Montaner proclama que actuó "dentro de la más estricta legalidad" en la concesión del expediente a Jesús Gil

Todo fue legal. Jaime Montaner, ex consejero de Política Territorial de la Junta de Andalucía, afirmó ayer que su actuación en el caso del presunto soborno que el alcalde de Marbella, Jesús Gil, hizo en 1986 para obtener un mayor índice de edificabilidad en una finca de su propiedad estuvo "dentro de la más estricta legalidad". Montaner, que declaró como imputado ante el juez Carlos Lledó, se mostró convencido de que la investigación será "corta" y que, cuando ésta termine, se demostrará su "inocencia".

El ex consejero andaluz se resistió a revelar cualquier extremo de su declaración ante el juez, que duró dos horas y media, aduciendo que el caso está en fase de instrucción. No obstante, sí dijo estar "satisfecho de haber podido responder a todas las preguntas" que le formularon las partes presentes en la causa.

Muy sereno, Montaner comentó tras su comparecencia que le parece "bien" que el PSOE se haya personado como acusación particular en el proceso con el fin de "esclarecer los hechos".

El ex consejero andaluz se mostró muy confiado en que, una vez concluida la investigación, pueda recuperar su condición de militante del PSOE, de la que se encuentra suspendido cautelarmente por decisión del pleno de la ejecutiva socialista andaluza, tras la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en los juzgados de Sevilla el pasado 28 de junio.

El ex consejero de Política Territorial dijo que no sabe si había declarado como imputado por cohecho o_por prevaricación, ya que desconoce, la diferencia que hay entre uno y otro delito. Al mismo tiempo, quiso subrayar que la resolución administrativa que él autorizó y que permitió a Jesús Gil aumentar el coeficiente de edificabilidad en la finca marbellí de Los Cipreses en 1986, tras el pago de 85 millones de pesetas, fue "pulcra y ajustada a derecho".

Declaración de Salinas

Ayer mismo prestó declaración como imputado Rafael Salinas, hermano de José Miguel Salinas, vicepresidente de la Junta de Andalucía en 1986, e hijo de José Salinas, el abogado cordobés que presuntamente pidió 220 millones a Gil para resolver sus problemas inmobiliarios en Marbella y que el viernes pasado no pudo acudir a declarar en este caso por estar enfermo.Rafael Salinas, que era asesor del Ayuntamiento marbellí en 1986, se negó a hacer declaraciones a la salida de los juzgados. También declaró ayer como imputado Higinio Garrido, yerno de José Salinas, quien, según Gil, participó en las reuniones en las que le pidieron 220 millones para aumentar la edificabilidad de la finca Los Cipreses. Garrido, en su declaración judicial, negó su presencia en estas reuniones.

Por otra parte, el presidente andaluz, Manuel Chaves, destacó ayer que el PSOE ha tomado decisiones en los presuntos casos de corrupción descubiertos en los últimos meses, mientras que el PP no lo ha hecho.