El edil de Urbanismo ordena expedientar a otro funcionario por el caso de la sauna 'gay'

El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, ha ordenado al gerente municipal de Urbanismo, Luis Rodríguez Avial, que tome medidas disciplinarias contra C. G. S., funcionario con responsabilidades dentro de la Gerencia y uno de los empleados denunciados por el dueño de la sauna gay Paraíso por corrupción. Francisco Herrero, el propietario del local, mantiene que este funcionario es un "conseguidor", esto es, una paersona que, por dinero, agiliza y consigue licencias municipales. Para Herrero, este funcionario es uno de los cabecillas de la red.

Por su parte, este funcionario ha negado a EL PAÍ que haya algo de cierto en la denuncia y advierte que Herrero "tendrá que probar o que dice".Todo empezó el día 10 de junio, cuando la Policía Municipal precintó por última vez la sauna gay Paraíso, situada en la calle del Norte, 15, en el distrito de Centro. El propietario, al día siguiente, se presentó en el juzgado y denunció que, hacía "un dos años", este funcionario de Urbanismo había acudido a ese local y le había asegurado que por 500.000 pesetas cada tres meses "no tendría problemas con las licencias". No se trataba, según a denuncia de Herrero, de tramitar un permiso de apertura, sino de impedir que los técnicos se pasaran por allí a comprobar. Herrero no aceptó y la sauna se precintó por primera vez el 15 de marzo del año pasado. Según el propietario de la sauna, por no pagar. La concejal de Centro, María Antonia Suárez, manifestó ayer que este local ha sido precintado ya tres veces en un año que su dueño se ha saltado el precinto otras tantas. Es más: el 7 de junio de 1994 se decretó el cese de la actividad. La orden no fue acatada. Y hasta el 15 de marzo del año siguiente el local no fue precintado. El dueño del local se lo saltó. Hasta siete meses después no se repuso el precinto, vulnerado de nuevo. El último precinto ocurrió ya en junio.

Además de denunciar al empleado de Urbanismo, Herrero afirmó también ante el juzgado que pagó a otro funcionario, Juan B. B., jefe del Negociado de Industria, un millón de pesetas durante ocho meses "por mover expedientes". El empleado, que ha sido ya expedientado, ha reconocido que cobró 375.000 pesetas por ayudarle "pero de forma legal".El propietario de la sauna afirma también que Juan B. B. y otro ex funcionario le prometieron, también por dinero, parar un precinto que pesaba sobre otro local suyo, situado en la calle del Príncipe, también en el distrito Centro.