El Parlamento vasco aplaza la concesión a sus diputados de la pensión máxima

Los grupos pequeños dijeron no a los grandes y tumbaron la mayor reforma de las condiciones de jubilación y salariales de los parlamentarios vascos acometida en la última década. La oposición de Unidad Alavesa e Izquierda Unida impidió ayer la firma del Estatuto del Político vasco, ahora aplazado sin fecha, que tiende a unificar los criterios retributivos, de incompatibilidades y sancionadores que afectan a los miembros del Gobierno y del Parlamento.Los dos partidos consideran "una prebenda inaceptable" asegurar a los diputados la pensión máxima prevista por la Seguridad Social, con el único requisito de estar cuatro años y un día sentados en el escaño, cuando el resto de los ciudadanos necesitan 35 años. PNV, PP, socialistas y Eusko Alkartasuna mantuvieron ayer su apoyo al documento y esperan poder retomarlo en septiembre.

"Es inaceptable que en un momento en el que se está hablando de reforma del sistema de pensiones y cuando se están alargando los periodos de cotización, en el Parlamento vasco se posibilite cobrar la pensión máxima con unos pocos años", declaró el secretario general de Unidad Alavesa, Pablo Mosquera. Esta postura fue compartida por IU. "Nunca asumiremos que con cuatro años se pueda acceder a esa pensión, mientras mucha gente tiene que costearse el futuro durante muchísimos más", declaró el secretario general de IU, Javier Madrazo.

Ante la falta de consenso, los partidos dieron carpetazo al asunto. "La ponencia ha quedado levantada", resumió el presidente de la comisión, el peneuvista José Antonio Rubalcaba. "Nos habíamos planteado el consenso como condición indispensable para el acuerdo y se ha estropeado por los intereses de alguien", declaró el presidente de la comisión, el peneuvista José Antonio Rubalcaba. PP y EA mostraron su apoyo al documento y se declararon dispuestos a soportar el coste de la impopularidad de la medida.

"Poco legítima"

El Estatuto del Político vasco ofrecía a los parlamentarios completar su pensión de jubilación hasta el máximo de las ofrecidas por el Régimen General de la Seguridad Social, a cambio de haber permanecido en el escaño un mínimo de cuatro años en el curso de dos legislaturas. Una situación que, en opinión de expertos juristas, es "poco legítima por el poco tiempo y el momento en el que se produce".El nuevo estatuto pretendía ampliar a tres los años de permanencia en el puesto para lehendakari, vicelehendakari o consejero como condición para tener derecho a la pensión. La aplicación de esta pensión a la figura del lehendakari y consejeros representa la pensión máxima de la Seguridad Social. También proponía modificar el sistema retributivo de los parlamentarios, asimilando las dietas, hasta ahora libres de impuestos, al sueldo. Su poder adquisitivo no sufriría grandes modificaciones salvo para el presidente y los vicepresidentes de la cámara que perdían entre 800.000 pesetas y un millón.