Enhorabuena, senora ministra

Quizá sea ésta la última vez que yo sitúe detrás de mi firma, en un artículo para un periódico, el calificativo de ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque estimo que con la sentencia dictada contra el ya ex consejero señor Luis Pascual Estevill y la fulminante destitución del mismo llevada a cabo por la Comisión Permanente del órgano Constitucional, para mí ha quedado cerrado totalmente un capítulo de mi historia más reciente que tiene, sin lugar a dudas, un perfil muy sinuoso donde se conjugan, de una parte, los trabajos llevados a cabo en una primera etapa que me llenaron de satisfacción y de gozo por su interés y su novedad; y de otra, los meses finales en los que, con el caso Luis Pascual Estevill, todo fue sufrimientos, al ver, de un lado, cómo se rebajaba la dignidad institucional del órgano gubernativo del tercer poder del Estado y, de paso -no menos trascendente- cómo surgía entre la ciudadanía un tono de desaliento y de estupor al ver cómo podía seguir ocupando tan elevado puesto una persona sobre la que ya recaían fundadas sospechas de corrupción.Pero tras mi renuncia voluntaria del puesto de vocal del Consejo General del Poder Judicial, por la imposibilidad de conseguir, siquiera, un diálogo aceptable para sacar adelante, de una manera digna, este asunto ante lo que el presidente de la institución, Pascual Sala, ha calificado de "defensa numantina" por parte de una minoría de vocales que, sin embargo, han conseguido que no se obtuviera el quórum necesario para la remoción del señor Pascual Estevill, creo que hoy tengo derecho, ante el resultado del referido affaire, a dirigirme a la excelentísima señora ministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, quien en una entrevista publicada en la revista Época y de la que se han hecho eco otros medios de comunicación, manifestó que quienes propugnábamos la salida de aquel vocal del Consejo General, lo que pretendíamos era un " linchamiento moral", y que ellos se habían ceñido únicamente a defenderlo de tan indeseado e impresentable ataque.

Es por ello, repito, que me siento obligado a coger la pluma y ofrecer unos cuantos apuntes para que los ciudadanos "de a pie", esos que tan extrañados y tan estupefactos se han sentido y se sienten ante la trayectoria de este asunto, sepan qué pretendíamos al solicitar la remoción del vocal mencionado.

Porque, continuamente, se han hecho referencias por ese grupo numantino en el que se integraba doña Margarita Mariscal de Gante, a que carecíamos de base legal y que todo se reducía a una simple intención de desestabilizar la Sala Segunda del Tribunal Supremo para, de esa forma, impedir la llegada de jueces "justos" que abordasen honestamente el conocimiento de los asuntos trascendentes a resolver por dicho órgano judicial en época próxima.

En primer lugar, yo repetiría, hasta la saciedad, que nosotros, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, no podíamos actuar en este asunto como jueces, porque nunca se nos ha concedido esa condición, máxime a quien, como yo, no pertenece a la carrera judicial. Es por ello que estaban fuera de lugar las referencias al principio de presunción de inocencia, tal como se admite y reconoce constitucionalmente para las sanciones dentro del orden jurisdiccional penal.

Pero es que, ni aun siquiera hubiera podido aplicarse dicho principio, caso de que se quisiese tratar el tema como una sanción administrativa estricto sensu, porque ni siquiera se halla estatuido el procedimiento sancionador que es imprescindible en toda actuación punitiva de este tipo.

Así pues, lo que nosotros debíamos de haber afrontado, honestamente, para la solución satisfactoria de este asunto era un juicio ético-jurídico en base al principio de responsabilidad que es el que prima dentro del terreno de lo público; o sea, en razón de la dignidad institucional del Consejo General del Poder Judicial, a la que tan reiteradamente se refería el presidente señor Sala Sánchez en el pleno del pasado 6 de marzo.

Se trataba de que valorásemos la trascendencia pública de que un vocal con esas características permaneciese en el órgano colegiado de los jueces españoles. Y eso pudimos hacerlo en base, ciertamente, a lo que prescribe la Ley Orgánica del Poder Judicial, ahora aplicada tan drásticamente para la destitución por la Comisión Permanente; pero hubo quienes no lo quisieron así.

Llegado a este punto yo diría que tan lamentable ha sido la actitud del señor Luis, Pascual Estevill por no dimitir voluntariamente, ante las reiteradas solicitudes que a tal objeto se le hicieron, como la de quienes siempre lo apoyaron férreamente, y en un momento determinado en que dicho señor dudó en renunciar a su puesto, le aconsejaron que permaneciese porque, de lo contrario, ello significaría dar la razón al grupo que proponía su destitución.

Yo que firmé, tan sólo con otro vocal, la primera moción de censura el pasado 25 de julio de 1995 cuando ya existía un antejuicio ante el propio Tribunal Supremo que admitió la primera de las querellas presentadas, puedo afirmar que, en todo momento, sólo quise salvar la dignidad del órgano constitucional al que con tanta ilusión y respeto accedí a propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

Por eso, cuando hoy ya se sabe por sentencia del Tribunal Supremo que el señor Luis Pascual Estevill es autor de un delito de prevaricación, quizá el más oprobioso para un juez, puedo manifestar mi oposición y, casi diría, mi repulsa a la actitud de quienes hicieron posible esta degeneración del Sistema Judicial que, para mí, sigue siendo de una enorme importancia en la vida democrática de este país.

Por ello, permítame excelentísima señora ministra, que le ruegue que rectifique, al menos interiormente, esa calificación de "linchadores" que aplicó hacia quienes actuamos, precisamente, en pro y en beneficio. de la dignidad de una nación democrática, por lo que tanto luchamos y en la que creemos firmemente, ya que me parecería auténticamente injusto el que pueda seguir manteniendo aquellas tesis.

Usted, señora ministra, desde aquel Consejo ha pasado a ostentar, nada menos, que la cartera del Ministerio de Justicia en el Gobierno del Partido Popular recientemente constituido, puesto en el que le deseo los mayores éxitos para beneficio de la justicia en nuestro país; aunque no sé si habrá tenido alguna repercusión en su ascenso esta misma actitud que yo ahora deploro profundamente.

Por mi parte, yo he regresado a mi tierra, a mi Córdoba, a mi despacho profesional, y aquí sigo con la mayor tranquilidad de conciencia, dispuesto siempre, eso sí, a luchar por lo que me parece más justo.