Gómez de Liaño imputa al coronel Perote como encubridor en el 'caso Lasa-Zabala'

El juez Javier Gómez de Liaño tomó ayer declaración en calidad de imputado al coronel Juan Alberto Perote, ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, que se encuentra internado en la prisión militar de Alcalá de Henares, acusado de un delito de revelación de secretos. El magistrado considera que Perote puede haber sido encubridor de los asesinatos de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala y, además de interrogarle en secreto durante más de hora y media, le tomó un cuerpo de escritura para realizar pruebas periciales caligráficas.

La citación de Perote causó sorpresa entre los representantes de los medios de comunicación acreditados en la Audiencia Nacional, puesto que Perote no figuraba en la lista de testigos o imputados citados a declarar en el caso Lasa-Zabala. Ello se debe a que las diligencias relativas al coronel -alto mando de los servicios de información españoles en 1983, cuando fueron secuestrados y asesinados Lasa y Zabala- han sido incluidas en una pieza aparte del sumario, que ha sido declarada secreta. Sólo el fiscal, además del juez, tiene acceso a la misma.El juez dispone, también en pieza secreta, de la transcripción de, al menos, dos conversaciones, una de ellas entre Perote y el teniente de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto, en la que éste habría explicado al jefe del Cesid cómo habían trasladado a Lasa y Zabala desde el Palacio La Cumbre de San Sebastián hasta la localidad alicantina de Busot, donde fueron asesinados.

Según la transcripción, que fue intervenida por el juez Baltasar Garzón en el registro efectuado en la celda del militar en la prisión de Alcalá de Henares y remitida posteriormente a Gómez de Liaño, Gómez Nieto explicaba a Perote que "fueron dos tiros en la cabeza" los que acabaron con la vida de Lasa y Zabala, que no es que se les murieran, sino que los asesinaron, y que primero les hicieron cavar dos fosas en las que luego serían enterrados.

La otra conversación que figura transcrita en pieza secreta del sumario es la mantenida entre el general Enrique Rodríguez Galindo y el teniente Gómez Nieto el 26 de septiembre de 1983, en la que Galindo le daba instrucciones sobre cómo debía llevarse a cabo la guerra sucia contra ETA. La transcripción de esta conversación había sido remitida por Gómez. Nieto a Perote, ya que el primero fue informador del segundo durante el tiempo en que estuvo destinado en el cuartel de Intxaurrondo, en San Sebastián.

Perote fue preguntado sobre ambos documentos, aunque el contenido de la declaración no ha trascendido por estar declarada secreta.

Gómez de Liaño instó a Perote a que hiciera un cuerpo de escritura para de esa forma poder comparar su letra con la de los documentos que obran en el sumario. Perote no tuvo inconveniente en copiar las frases que le fueron dictando. Gómez Nieto, por el contrario, se ha negado en dos ocasiones a formar el cuerpo de escritura. La primera vez el día en que fue citado a declarar, y la segunda, esta misma semana, después de que él mismo se hubiera ofrecido a hacerlo, aunque sólo para que fuera comparado con un documento.

El juez ha acordado ya pruebas periciales caligráficas para comparar la letra de Perote con las transcripciones de las dos conversaciones.

Pensión polémica

Previamente a la declaración de Perote, lo hizo el general José Bruno Otero, asesor jurídico del Ministerio de Defensa, que en mayo de 1995 informó favorablemente sobre la concesión de una pensión por el 200% del sueldo al ex sargento de la Guardia Civil Enrique Dorado Villalobos, Kike.El militar señaló que el expediente de Dorado llegó en mayo de 1995 al Ministerio de Defensa, él lo firmó el día 4 y el 5 lo firmó el ministro Jullán García Vargas, ya que en el mismo figuraba una nota en la que un teniente recomendaba que se le diera la máxima urgencia. El 17 de mayo del mismo año entró el expediente de pérdida de la condición de militar de Dorado y de Felipe Bayo, a causa de la condena por torturas que se les impuso en 1992 y que fue confirmada por el Supremo en 1994.

Bruno Otero afirmó que se concedió a Dorado la pensión por el doble del salario porque había un informe médico que señalaba que padecía el síndrome del norte. No obstante, pocos meses antes un tribunal médico militar de Burgos lo había encontrado normal.