El fiscal y las defensas invocan la ley de amnistía para resolver el 'caso Ruano'

El juicio por la muerte en 1969 del estudiante Enrique Ruano quedó ayer visto para sentencia. La acusación particular mantiene la petición de 30 años de cárcel por asesinato con alevosía para cada uno de los tres policías procesados. Los abogados defensores solicitan la absolución y, alternativamente, la aplicación de la ley de amnistía de 1977. El fiscal y el abogado del Estado, que tampoco consideran probado el delito de asesinato, invocan también la amnistía, dado el carácter político del delito atribuido a policías de la Brigada Social.

La petición de amnistía no prosperó cuando fue planteada como cuestión de previo pronunciamiento, por estimar la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, que juzga el caso, que no estaban acreditados los móviles políticos. Ayer, en su informe final, los abogados defensores José María Serret, de Francisco Luis Colino, y Julio Ferrer Sama, de Celso Galván y Jesús Simón Cristóbal, volvieron a invocarla.Ferrer-Sama resaltó que la detención de Ruano en 1969, por su actividad política, a cargo de policías de la Brigada Político Social, exige, "en caso de aceptarse la tesis del asesinato, que yo estimo monstruosa", dijo, la aplicación de la ley de amnistía. También el abogado del Estado pidió que se aplique la ley de amnistía, subsidiariamente a la absolución. El primero en invocar "en todo caso", la ley de amnistía fue el fiscal. Recordó que en 1969 "era moneda corriente la muerte de estudiantes y obreros que se oponían al régimen" y que la Brigada Político-Social tenía un papel predominante".

Fiscal garantista

El fiscal llegó a la siguiente conclusión: "No se sabe cómo murió Enrique Ruano. Es posible que los policías acusados lo mataran, pero no lo sé". En consecuencia, estimó aplicable la presunción de inocencia. En una intervención garantista, el fiscal consideró nula toda prueba derivada de los manuscritos de Ruano, obtenidos con violación de su intimidad y se refirió, entre otras irregularidades, al atestado policial ("no glorioso", dijo) y a la ausencia de un trozo de la clavícula. José Manuel Gómez Benítez estimó que el juicio ha superado la "villanía" de quienes construyeron la versión del suicidio, con la colaboración de personas como el testigo de ayer, Manuel Jiménez Quílez, director general de Prensa en 1969, que gestionó su publicación en Abc, y "sin que el juez de orden público Jaime Mariscal de Gante ni ningún otro lo impidieran".El letrado recordó que los acusados pertenecían a la Brigada Político- Social, dedicada a hacer "el trabajo sucio en la más negra etapa franquistra". Evocó cómo su jefe Juan García Gelabert no creía necesario examinar sus pistolas tras morir Ruano. El acusador se reservó su opinión porque el hoy juez José Antonio Enrech, secretario del juzgado que instruyó en 1969 el caso, "no hiciera nada entonces" en relación con los síntomas de tortura. Respecto a su testimonio en el juicio, Gómez Benítez señaló que, aunque Enrech "pudo confundirse de lado al señalar la herida, describió una de cuatro dedos de profundidad". Dado que los forenses excluyeron que la herida la produjera una escarpia o un objeto en el suelo, el letrado insistió en que se trató de una bala.