Uno de los magistrados que juzgaron a los acusados de quemar a cinco 'ertzainas' había recibido amenazas
El juez Antonio Jiménez Pericás, miembro del tribunal que juzgó y condenó el martes a tres jóvenes de Rentería autores de la quema con cócteles molotov de cinco ertzainas, fue amenazado hace tres semanas mediante una carta anónima en la que se le instaba a absolver a los procesados. No es la primera vez que jueces y fiscales de San Sebastián reciben estas advertencias, según fuentes de la audiencia, que aseguran que no les influyen en su trabajo.El magistrado ahora amenazado formó parte del tribunal sentenciador, presidido por el magistrado Juan Piqueras, en unión de la ponente Jone Unanue. En en el interior de la carta, el juez Jiménez Pericás encontró la fotocopia de un artículo de opinión de Egin ilustrado por una fotografía quemada de los tres miembros del tribunal. Sobre, la cabeza de Jiménez Pericás estaba pintada una diana. En el escrito se pedía la absolución de los tres procesados (Unai Erquis Urretavizcaya, Aitor García Sánchez y Jon Ander González).
La carta, en la que figuraba un remite falso, estaba en un sobre que llegó a manos de Jiménez Pericás días antes de que se diese a conocer el fallo de la sentencia contra los tres autores del atentado contra, la Ertzaintza. El tribunal de la sección tercera de la Audiencia Provincial de San Sebastián condenó a Erquis, González y García a seis años de prisión como autores de cinco delitos de lesiones por el ataque con artefactos incendiarios perpetrado contra una patrulla de la Ertzaintza en marzo de 1995.
Jiménez Pericás restó importancia a las amenazas y dió traslado de la carta a la fiscalía de San Sebastián para que se investigue. Este juez no ha ocultado nunca su rechazo a la violencia y durante los tres últimos secuestros perpetrados por ETA ha llevado prendido en su solapa el lazo azul y ha participado en concentraciones convocadas por los grupos pacifistas. Antes se aceeder a la judicatura, Jiménez Pericás trabajó como periodista y abogado laboralista.
La Consejería de Justicia del Gobierno vasco advirtió ayer que la polémica desatada por la sentencia dictada contra los atacantes de los ertzainas puede cuestionar el papel de la Administración de Justicia. Desde la consejería que dirige el socialista Ramón Jáuregui se defiende "la crítica rigurosa", pero se rechaza el cuestionamiento de las resoluciones judiciales cuando se realiza "de forma precipitada, sin aguardar al estudio sosegado de los fundamentos jurídicos en que se basa la propia sentencia".
"Un resultado desgraciado"
En la resolución de la Audiencia donostiarra se apuntaba que los jóvenes realizaron el atentado dentro de una jornada de lucha convocada por la izquierda abertzale y que los procesados no pretendían "un resultado tan desgraciado y de tanta gravedad como el que se produjo".La avalancha de críticas contra la sentencia que condena a los tres jóvenes a seis años de prisión (el fiscal pedía 335 y la acusación particular 592), ha puesto en duda la capacidad de los jueces vascos para dictar libremente sentencias contra el entorno de ETA. La abogada Carmen Campón, que ejerce la acusación particular en nombre del Gobierno vasco, presentó ayer recurso al entender que "se pueden establecer diversas interpretaciones" sobre el sentido final de la condena impuesta a los procesados. El presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao, Joaquín Giménez, consideró ayer un insulto que se cuestione la libertad de los jueces vascos. A Giménez le parece una barbaridad pensar que la decisión de condenar a sólo seis años a los tres encausados sea producto del miedo, aunque reconoció que la sentencia tiene "aspectos censurables".
Portavoces del departamento vasco de Justicia calificaron la sentencia de "exhaustiva y motivada, susceptible de no ser compartida, pero en ningún caso arbitraria, ni dictadada por el miedo".
Por su parte, el lehendakari José Antonio Ardanza respaldó el anuncio realizado la postura de la Consejería de Interior de recurrir la resolución ante el Tribunal Supremo. Interior pretende así que "las penas se ajusten a la gravedad de las agresiones sufridas" por los agentes.
