Liberalización: la hora de la verdad

Tras varios años perdidos en dudas, retrasos y regateos sin fin a la lógica implacable del desarrollo del mercado de las telecomunicaciones, el nuevo Gobierno, sin apenas haber cumplido los primeros cien días, ha lanzado un buen órdago al sector.Para empezar, la creación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, largamente demandada por el sector, hay que saludarla muy positivamente. Si, como establece el real decreto, la designación de sus integrantes se realiza entre expertos cualificados y reconocidos por la comunidad profesional, se habrá dado un paso adelante en una materia de vital importancia para el porvenir del sector.

El preámbulo del Real Decreto Ley 6/1996 que liberaliza las telecomunicaciones plantea la competencia como punto de partida y es de esperar que no sólo de llegada. Un medio muy poderoso para el logro de fines ciertamente positivos, pero sólo un medio, al fin y al cabo. Si lo que importa de verdad es el aumento de la extensión, diversidad y calidad de los servicios, junto con costes más bajos, no hasta citar nominalmente la competencia y el mercado para que los fines queridos se cumplan sin más.

El logro de los objetivos planteados por el Gobierno, vía creación de un segundo operador multipropósito y la apertura del mercado a operadores de cable libres de competencia con Telefónica durante los dos primeros años, puede quedar cuestionado por imperativos de la Unión Europea. De aplicarse en nuestro país la apertura del mercado europeo a la libre competencia a partir del primero de enero de 1998, quedarían en evidencia algunas limitaciones introducidas ahora. Y siendo cierto que España puede por propia voluntad prorrogar dicha apertura del mercado, ni el Gobierno se ha pronunciado todavía con suficiente firmeza sobre la cuestión ni parece que su libertad sea total en este campo porque la limiten otros intereses en juego.

A veces lo mejor, sobre todo si se pretende conseguirlo a deshora, puede ser enemigo de lo bueno. Si España mantiene bloqueado su mercado interior en 1998, será difícil que las autoridades de la Unión Europea acepten la importante presencia de Telefónica en Unisource. Por supuesto, que si fuese posible seguir activamente integrados en el citado primer operador transeuropeo y, al mismo tiempo prorrogar la apertura de nuestro mercado hasta más allá de 1998, esto podría ser una buena opción para nuestro país. Pero, ¿quién garantiza que ello sea factible?

Habida cuenta del retraso español en modelar el sector, hoy nos quedan en la práctica solamente dos posibilidades. Por un lado, mantener cerrado el mercado a la competencia hasta el 2003. De otro, abrir el mercado desde el primero de enero de 1998 cuidando una estricta reciprocidad de trato con los operadores extranjeros.

La primera opción todavía no se ha planteado en firme y es dudoso que se esté a tiempo de llevarla a cabo. La segunda parece descartada por el momento, aún cuando puede ser la única posible dados los tiempos que corren. Una tercera opción, la vía elegida, no parece que pueda asegurar el fin pretendido, pues representa una solución híbrida de futuro incierto.

Los agentes inversores del sector necesitan saber a qué atenerse para operar en un mercado altamente intensivo en capital y cuya recuperación sólo es posible a largo plazo. España, además, no puede esperar más tiempo -como el propio Gobierno asume con su temprana iniciativa-, para desarrollar extensa e intensamente un sector crucial para el futuro de nuestro país.

Esta incertidumbre -que no despeja el real decreto- sobre el comienzo de la verdadera liberalización, puede limitar la inversión en nuestro mercado y constreñir la expansión europea de España. Para aclarar el panorama bastaría asumir con firmeza la plena integración de nuestro país en la nueva Europa abierta de las telecomunicaciones a partir de 1998, cuidando, por supuesto, la estricta reciprocidad con los países que se sitúen "fuera de juego", y apoyar sin reserva la expansión internacional, particularmente la europea, de los operadores nacionales.

Los aspectos esenciales del real decreto ley podrían así desarrollarse plenamente, como con toda seguridad desea el Gobierno.