Otro sindicato con cimientos movedizos

Los jueces y las guerras intestinas atosigan al sindicato CSI-CSIF (más de 100.000 afiliados en toda España, la mayoría funcionarios). La conexión de algunos de sus máximos dirigentes con fallidas operaciones inmobiliarias ha desatado una grave crisis intema en la central, probablemente la más grave desde su fundación, en la década de los 70, y le puede acarrear serios problemas con la justicia. Sesenta familias de la localidad madrileña de Meco (4.000 habitantes) y 80 de Cobeña (2.028) invirtieron sus ahorros en unas viviendas que, según ellas, fueron promocionadas bajo las siglas de la CSIF. "En todos los papeles que nos dieron a firmar figuraban las siglas del sindicato", asegura uno de los damnificados de Meco, un guardia civil que todavía hoy (las viviendas debieron estar terminadas hace dos años) sigue levantando su casa con ayudas de albañiles particulares.Los afectados de Meco mantienen una batalla judicial en Alcalá de Henares contra la central sindical y varios constructores afines por presunta estafa y apropiación indebida. El fiasco -"un agujero de 700 millones de pesetas", según Valeriano Elvira, abogado alcalaíno de los afectados de Meco- ha agitado, además, una virulenta batalla que puede acabar en una escisión interna, vaticinan fuentes del sector crítico de la CSIF.

Siete ex dirigentes -entre ellos, Silvestre Domínguez, ex secretario nacional de acción social, y Manuel Nieto, ex vicesecretario general de la confederación entregaron la pasada se mana documentación al abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo para que interponga otra querella contra la actual cúpula. Afirman que existe "falta de transparencia en la contabilidad" y lamentan el "desgaste de credibilidad" que ha supuesto la incursión directa e indirecta de algunos responsables de la CSIF en frustradas operaciones inmobiliarias.

La promotora de las 60 casas de Meco, Profehor, una subcontrata del grupo de empresa que dirige Carlos Isidro -hombre vinculado -a miembros de la cúpula de la CSIF-, se declaró en quiebra en pleno fragor de las obras. La constructora recibía el dinero de los inquilinos pero no pagaba a los proveedores. Los damnificados de Meco, por ejemplo, han tenido que desembolsar una media de cinco millones más de los previstos para tener un cobijo; y ahora, por su cuenta, riesgo y nuevos créditos personales, las están terminando como pueden.

La crisis que flagela a la CSIF costó el cargo en noviembre pasado al anterior presidente nacional, Antonio Corrales. Dimitió, explicó entonces, con el fin de facilitar una investigación interna sobre el fiasco inmobiliarío. Un fiasco que, aparte de las 60 familias de Meco, también ha dañado las economías de otras 80,en el municipio de Cobeña. "Estamos ante una segunda PSV"., sostiene el letrado de los afectados de la fallida promoción de Meco, en alusión a la no menos conflictiva incursión inmobiliaria de UGT.

Tras la renuncia de Corrales se hizo cargo del sindicato Domingo Fernández Viguela, ex responsable territorial de la CSIF en Andalucía. Éste prestó declaración ante el juez como testigo en marzo pasado, y apartó al sindicato y a él mismo de cualquier responsabilidad. El letrado Elvira, presente en el interrogatorio, ironiza: "Declaró al juez [el de Instrucción 44 de Madrid, a petición de su colega de Alcalá de Henares] que él, que curiosamente era entonces dirigente de Andalucía y que figura. como socio en alguna de las empresas de] grupo de Carlos Isidro, no tiene nada que ver en este asunto".

Silvestre Domínguez, miembro del sector crítico de la CSIF, subraya: "Fernández-Viguela figura como ejecutivo en Carfe SA, una de las empresa del grupo de Carlos Isidro; además, dudosamente puede eludir su responsabilidad, ya que era miembro de la comisión económica del sindicato".

El presidente de la CSIF declaró a este periódico que el sindicato se limitó en su día a "recomendar" a. sus afiliados la adquisición de algunas promociones de viviendas del grupo de Carlos Isidro -alrededor de 3.000 en toda España-, pero que tanto la central como sus dirigentes estuvieron al margen "de la gestión". Domínguez, del sector crítico, replica: "Si alguien hizo esas promociones, fueron Carlos Isidro y Antonio Corrales [anterior presidente], y supongo que a título particular, pues al menos a mí, que era secretario de acción social, no se me comunicó nada".

Según Fernández Viguela, de las 2.000 o 3.000 viviendas que el sindicato recomendó a sus afiliados, sólo han surgido problemas en dos promociones, las de Meco y Cobeña". "Algunas de las otras incluso han dado beneficios", matizó. El actual presidente admite que el sindicato ingresó "unas 100.000 pesetas" por cada vivienda. Dinero, aclaró, que recibió "del gestor, no de los usuarios".

Domínguez se basa en la declaración prestada en el juzgado por el constructor Carlos Isidro para decir que el sindicato ingresó "200.000 pesetas por cada vivienda". Y se pregunta: "Si el sindicato reconoce 100.000 y el constructor dice que dio 200.000, ¿dónde está la diferencia?". Este periódico ha intentado, sin éxito, dialogar con Carlos Isidro. "El juez le está buscan ' do para interrogarle", advierte el letrado Elvira.

Ex dirigentes intermedios están estudiando abandonar la central y constituir el denominado Movimiento Sindical Independiente. Las cuentas del sindicato, dicen, no están claras. Estos críticos poseen informes de la intervención delegada de Hacienda que han entregado al letrado Rodríguez Mourullo, que hablan de graves irregularidades en algunos cursillos de formación del Inem. "El dinero se libró, pero nunca se impartieron los cursos", aseveran.

Además, según estos ex dirigentes, existe hoy en el sindicato una caza de brujas contra quienes se han destacado por exigir transparencia económica. "No es verdad que haya caza de brujas. Lo que pasa", subraya Fernández Viguela, "es que el sindicato está creciendo mucho y algunos no han aceptado la pérdida de sus parcelas de poder". Recuerda que en noviembre se celebró un congreso nacional del que emanaron los actuales cargos. Los críticos lo han impugnado.

El anterior presidente, Antonio Corrales, sigue vinculado a la CSIF. Como "asesor", reconoce Fernández Viguela, quien opina que Corrales presentó la dimisión no por estar implicado en el tema inmobiliario, sino al sentirse "apuñalado por gente a la que ha respaldado y apoyado".