El Gobierno quiere que la decisión sobre los papeles del Cesid impida nuevas peticiones

Frente a la demanda de tres jueces para que desclasifique una veintena de documentos secretos del Ceáid (el servicio secreto militar), el Gobierno no tiene uno, sino dos problemas. El primero, acceder a la petición o rechazarla. El segundo es aún másgrave para algunos altos responsables del Ejecutivo. Responda el Consejo de Ministros sí o no a los juzgados, el Gobierno se ha propuesto hacerlo con una argumentación jurídica tal que nunca más las comunicaciones internas del servicio secreto puedan servir de prueba en un procedimiento penal.

En apenas dos meses de ejercicio de las responsabilidades gubernamentales, la cuestión ha provocado las primeras fisuras en el Gabinete de José María Aznar, desde donde se critica a las ministras de Agricultura y Justicia, Loyola de Palacio y Margarita Mariscal de Gante, respectivamente, y se les acusa de "desmarcarse" por su cuenta de una decisión que debe ser colegiada.La patata de los papeles del Cesid quema por varios lados. Los responsables del Ejecutivo más volcados en el asunto contemplan con escepticismo la polémica sobre la decisión que deben adoptar, en especial las advertencias de Julio Anguita, el líder de IU, de que se convertirán en cómplices de los GAL si no proporcionan los documentos a los jueces.

Porque el problema principal, sostienen, no es si los papeles se desclasifican, sino cómo tomar la decisión, cualquiera que sea, de forma que cierre el paso "para siempre" a sucesivas peticiones judiciales. Para que nunca más los documentos de los servicios secretos españoles puedan ser considerados pruebas en procedimientos penales y se ponga en cuestión su eficacia y su fiabilidad frente a los interlocutores de otros países.

Decisión en breve

Los informes jurídicos solicitados se han multiplicado, para intentar garantizar al máximo este último propósito. El martes todavía no estaban terminados, según fuentes oficiales. La cuestión de la entrega de los papeles puede ser estudiada por el Consejo de Ministros de hoy o, más probablemente, por el de la semana próxima. "No debe demorarse mucho más", admite un portavoz de La Moncloa.

Pero que el Consejo de Ministros estudie la petición de los jueces no significa que la resuelva todavía. Una fase intermedia probable será pedir un dictamen al Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo, para buscar mayor fundamentación jurídica a la decisión final.

Entretanto, a propósito de este asunto, en el Gobierno han aparecido las primeras fisuras. La presión del Partido Popular desde la oposición fue durísima. El vicesecretario general del partido, Francisco Álvarez Cascos, sentenció la visión de los populares al dar a entender que el Gobierno de Felipe González no desclasificaba los papeles por pura conveniencia personal. "No afectan a la seguridad del Estado, sino a la seguridad del Gobierno", declaró.

Álvarez Cascos ocupa hoy la vicepresidencia primera del Ejecutivo y es el principal promotor de la política del Gobierno en materia de servicios secretos. Quiere reglar la actividad del Cesid mediante una ley y coordinar el funcionamiento de todos los servicios (militar, policial y de la Guardia Civil) en un órgano dependiente del Ministerio de la Presidencia, del que también es titular.

Aunque mantiene un hermetismo absoluto sobre su posición personal acerca de la entrega de los papeles del Cesid, fuentes del Ejecutivo señalan que es lógico que los miembros del Gabinete más próximos a los asuntos de seguridad, el propio Álvarez Cascos y el ministro de Defensa, Eduardo Serra, sean los más reacios ahora a dar el sí a los jueces.

En cambio, las declaraciones de las ministras de Agricultura y Justicia han, sido muy mal recibidas por el resto del Gabinete. A Mariscal de Gante se le reconoce una cierta relación con el asunto, en especial cuando advierte que una respuesta negativa a los jueces puede desembocar en instancias judiciales europeas y causar un problema serio.

La relación del Ministerio de Agricultura con los documentos del Cesid y su desclasificación como secretos oficiales, por el contrario, es más dudosa. "Hay quien se pronuncia en público sin conocer siquiera los papeles", afirman fuentes del Ejecutivo. Distinto es el caso de la titular de Medio Ambiente, Isabel Tocino, a la que el diario El Mundo alineó en el bando de los contrarios a entregar los papeles. La ministra aclaró que es decidida partidaria de dárselos a los jueces si no afectan a la seguridad del Estado.

De Palacio y Mariscal de Gante han querido "jugar al desmarque" respecto a una decisión que debe ser colegiada, advierten compañeros suyos en el Consejo de Ministros, en una abierta insinuación de que quien intenta marcar goles y quedar bien con esa maniobra corre el riesgo de quedar en fuera de juego.

Un aspecto más complicado del problema al que se enfrentan Aznar y sus ministros es la ausencia de los archivos del Cesid de alguno de los documentos requeridos. Concretamente, según publicó EL PAÍS el 23 de mayo pasado, y luego confirmó el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, en el Centro Superior de Información de la Defensa no consta ni la grabación que el teniente de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto efectuó presuntamente de conversaciones con el general Enrique Rodríguez Galindo ni su transcripción.

El Gobierno afirma que se limitó a constatar que alguno de los documentos requeridos por los jueces no está en el Cesid, "no existe" como tal papel o grabación amparado por el secreto oficial. No hay respuesta si la pregunta es si se ha intentado aclarar si alguna vez estuvieron y luego se han hecho desaparecer.

Sospecha judicial

Tras el anuncio del secretario de Estado, en el auto de procesamiento del general Rodríguez Galindo, fechado el 27 de mayo pasado, el juez Javier Gómez de Liaño se refirió a la "extrema gravedad" de esa hipotética desaparición "si se confirman las sospechas". El Gobierno no tiene conocimiento del contenido del sumario por el secuestro, tortura y asesinato de los dos presuntos miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, parte del cual permanece todavía secreto por decisión de Gómez de Liaño.

Sin embargo, fuentes conocedoras del mismo aseguran que la referencia del magistrado a la posible confirmación de sospechas no es gratuita y tiene base en el sumario. En alguno de sus más de 20 tomos constan indicios de maniobras o insinuaciones de sospechosos sobre la conveniencia de que algunos de los documentos secretos no pudiera aparecer porque hubiera dejado de existir.