Interior estudia colocar videocámaras en las calles de Euskadi para controlar las algaradas

El Ministerio del Interior estudia la viabilidad de un plan para instalar cámaras de vídeo en las calles de algunas ciudades de Euskadi, como nuevo método para combatir el vandalismo urbano de grupos simpatizantes de ETA. Este proyecto, que el ministro Jaime Mayor Oreja denomina "videovigilancia", obedece a una petición formulada por el Gobierno vasco. Un proyecto sinifiar ya fue desechado hace dos años por Antoni Asunción, entonces titular de Interior, ante las complicaciones legales que acarreaba. Según Mayor, la "videovigilancia" en las calles no vulnera al derecho a la intimidad de las personas, pero podría afectar a otros derechos fundamentales por lo que su regulación debe hacerse por ley orgánica.

El proyecto de "videovigilancia" se inspira en el modelo francés del ex ministro del Interior Charles Pasqua y es un método con el que se pretende atacar, según Mayor, "el problema de los encapuchados" que organizan algaradas callejeras y destrozan el mobiliario urbano. El ministro dijo ayer en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso que todas las propuestas en estudio para combatir la violencia callejera de grupos afines a ETA forman parte de un "gestión coordinada" de la Consejería de Interior vasca y del Ministerio.Un proyecto de vigilancia mediante cámaras instaladas en la calle ya fue elaborado por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana hace dos años, pero entonces fue aparcado por el socialista Asunción, ante los problemas de tipo legal que podría acarrear su puesta en práctica.

Cambios legales

La adecuada persecución de los delitos contra las personas y los bienes ocasionados por los alborotadores callejeros, según Mayor, "requiere introducir algunas modificaciones en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana" o ley Corcuera. "Se trata de revisar aspectos del régimen jurídico de la actividad policial para garantizar su eficacia frente a las situaciones crónicas de violencia callejera", aumentando también "la seguridad jurídica de los agentes", según explicó el ministro.

Jaime Mayor opinó que estas grabaciones, por hacerse en espacios públicos, "no afectarían al derecho a la intimidad" de los ciudadanos. Pero reconoció que "la cuestión podría rozar lateralmente con el ejercicio de derechos fundamentales y su regulación, por tanto, debe hacerse mediante ley orgánica".

El titular de Interior apuntó la conveniencia de modificar la llamada ley Corcuera para completar el catálogo de infracciones que se recogen en esta normativa y asegurar también que los alborotadores o sus representantes legales -en el caso de menores de edad- paguen las sanciones económicias impuestas por sus actos vandálicos.

El ministro considera que en el nuevo Código Penal hay preceptos especialmente diseñados para "castigar como autores de un delito de terrorismo a los que, sin pertenecer a banda armada, y con la finalidad de alterar el orden, causen incendios o estragos". La experiencia que genere la aplicación del código en los próximos meses permitirá analizar si hay "carencias" y en ese caso proponer las reformas legislativas pertinentes, según Mayor, quien anunció que se constituirá un grupo de trabajo para realizar un seguimiento sobre la aplicación judicial del nuevo código.

El ministro informó en el Congreso que hasta ahora sólo han sido excarcelados 667 penados y 68 preventivos en aplicación del Código Penal, en contradicción con los temores del PP, que meses atrás calculaba en varios miles las excarcelaciones.

En referencia a la lucha antiterrorista, Mayor se felicitó de la colaboración francesa y auguró que próximamente aumentará la cooperación de Venezuela y México. En la lucha contra ETA "no hay atajos, ni desde la ilegalidad, ni desde la guerra sucia, ni desde la negociación", proclamó el titular de Interior. También dijo que hoy "no hay condiciones suficientes" para pensar que ETA desea sinceramente llegar a un final dialogado con el Gobierno. '

El ministro confirmó que en breve serán trasladados a Euskadi o a prisiones próximas entre 25 y 30 presos de ETA, dentro de la nueva política penitenciaria, de la que no quiso dar más datos.

"Tenernos un número más que suficiente de policías en España", dijo Jaime Mayor al referirse a la reforma de las estructuras policiales que planea. Esta opinión se contradice con los deseos del director de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, que pretende aumentar en 10.000 agentes la plantilla actual del instituto armado.

El ministro está empeñado en que haya un flujo de información entre todos los cuerpos policiales a través de sus respectivos bancos de datos y en cerrar el modelo policial lo antes posible.

Mayor reconoció que sólo hay un 6,75% de la policía destinada en unidades de Policía Judicial y, en contra del criterio de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, se mostró partidario de que estas unidades sigan teniendo dependencia orgánica de Interior y dependencia funcional de Justicia.

También anunció la creación de la Dirección General de Administración de la Seguridad del Estado, organismo que se encargará de la gestionar "con criterios empresariales" los recursos humanos y materiales de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.