La Operacion Chamartín arranca con la recalificación de suelo para 1.000 pisos

La ratificación de estos convenios por el próximo pleno municipal desatará previsiblemente las iras de los concejales de la oposición con el informe del interventor general (guardián de la ortodoxia económica municipal) en la mano.

De momento, y según reconoce el informe del interventor, no se ha incluido en la documentación que se someterá a Información pública durante 15 días diversos aspectos económicos, fiscales y contables fundamentales. La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid exige que se cuantifiquen los deberes legales de cesión. En el caso de Chamartín "no se concretan las cesiones y contraprestaciones a efectuar, lo cual impide su valoración exacta".

Banesto consigue con otro de los convenios suscritos legalizar las obras realizadas en el club deportivo que posee en Hortaleza. El Ayuntamiento de Madrid había propuesto una sanción de 100 millones de pesetas que la Comunidad paralizó por errores en la tramitación.

El concejal de Urbanismo asegura que el expediente sancionador ha vuelto a iniciarse y ya se ha notificado la multa a la entidad bancaria.Millones, para el banco

A cambio de la legalización y de la recalificación de unas parcelas (una parte del suelo es propiedad de la Compañía de Jesús) para construir 620 viviendas nuevas, Bartesto aportará 2.000 millones de Igesetas para construir un túnel en la calle de Añastro, que en principio no aparece en el programa de prioridades del Gobierno municipal.

Pero ese dinero se entiende que compensa la cesión que corresponde al Ayuntamiento, esto es, no se regala casi nada. "[Emilio] Botín se va a llevar 40.000 millones de pesetas para su tesoro con este convenio", asegura el concejal socialista José María de la Riva.

Del resto de los convenios, cuatro se refieren al desarrollo del Este, uno de los programas estrella del Plan General, que se postergan al segundo cuatrienio en vez de ser desarrollados antes de que termine el siglo. Del Río arguye que con los acuerdos firmados, los propietarios asumen la ejecución de las infraestructuras y la reforestación de la zona.

Según el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, la firma de esos convenios supone algunas modificaciones sustanciales respecto al documento inicial del Plan General que aprobó el pleno municipal en marzo de 1995, pero en su opinión su salida a información pública asegura la legalidad de los documentos.

Sin embargo no aprecia cambios fundamentales en el resto de los planos. Por eso considera que no es necesaria una nueva aprobación inicial seguida de otro periodo de alegaciones, tal y como había prometido el anterior responsable y actual director general de Urbanismo, Fernando Nasarre.

Pero tanto los grupos de la oposición como los representantes vecinales e incluso altos funcionarios municipales consideran que sí existen cambios significativos (por eso se decidió un nuevo periodo de alegaciones y no por los errores detectados, matiza un responsable del plan) y que es más prudente volver a sacar a información pública el plan general entero.

Afirman que en otro caso el plan se encontraría en una situación de inseguridad jurídica y los afectados por los cambios podrían impugnarlo ante los tribunales y pedir su paralización cautelar.Indefensión de los vecinos

La portavoz de Urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, María Roces, coincide en afirmar la indefensión de los afectados por algunos cambios.

Abunda un experto que la inversión en Madrid se esfumaría a causa de esa inseguridad. Del Río reconoce el "sentido precautorio" de esa decisión, pero la considera poco fundada en derecho. A su entender la doctrina del Tribunal Supremo considera cambio sustancial sólo aquél que afecta al modelo territorial.Funcionarios de la Oficina del Plan explican que aquellos interesados a los que se remitió a un segundo periodo de alegaciones para resolver cuestiones concretas están furiosos porque sólo les quedará el recurso a los tribunales de justicia.

Del Río contesta que quien apoye desde la Oficina del Plan un nuevo periodo de alegaciones es "porque tiene un contrato de asistencia técnica y le preocupa que se liquide la oficina antes de lo que prevé".

Las diferencias entre la documentación inicial y la que aprobará el PP en el pleno de julio que diversas fuentes consideran en si mismas fundamentales se refieren a la eliminación de la autovía en la Dehesa de la Villa y la modificación del nuevo barrio de Vallecas por la inclusión de dos vías donde había una (la M-45. que construirá la Comunidad y la Gran Vía del Sureste).

Además, para aumentar la confusión de los gruesos tomos del planeamiento, se han cambiado los nombres de diversos ámbitos y se han unido a otros.