Gómez de Liaño encarcela a Elgorriaga y procesa a Vera por encubrimiento del 'caso Lasa Zabala'

El juez Javier Gómez de Liaño, instructor del caso Lasa-Zabala, decidió ayer encarcelar al ex gobernador de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, de 48 años, al que desde hace semanas mantenía bajo estricta vigilancia policial y control telefónico. Es la quinta persona encarcelada en este sumario.El magistrado lo procesó como autor del secuestro, en 1983, de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, cooperador necesario en las presuntas torturas y autor "por comisión por omisión" de dos asesinatos. También procesó por encubrimiento a Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad. Elgorriaga, que acudió al juzgado con las maletas preparadas para ir a la cárcel, ingresó en la prisión de soto del Real.

El caso Lasa-Zabala ya ha llevado a la cárcel al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, el teniente Pedro Gómez Nieto, y Enrique Dorado y Felipe Bayo, ambos expulsados del instituto armado. En un auto de 26 folios, el magistrado impuso fianzas por responsabilidad civil de 100 millones a Elgorrriga y de 15 millones a Vera. Ambos calificaron de inciertas las imputaciones.La prisión incondicional del ex gobernador y ex delegado del Gobierno en el País Vasco fue solicitada por el fiscal del caso, Jesús Santos, y la abogada de la acción popular Nines Alvarez, que alegaron la posibilidad de que pudiese alterar pruebas o eludir a la Justicia. El juez accedió de inmediato, pese a la oposición de las defensas. Las acusaciones declinaron pedir la prisión de Vera y tampoco pidieron medidas cautelares porque ya está sometido a ellas.

Gómez de Liaño considera que, "por su firmeza y rotundidad, merecían ser creídas" las versiones del policía Ángel López Carrillo, el contrabandista Pedro Luis Miguéliz, Txofo, y otros cuatro policías y testigos protegidos, que recuerdan que Elgorriaga visitó a detenidos de ETA en los cuarteles de Zumalacárregui e Intxaurrondo. En cambio, rechaza los testimonios exculpatorios de los oficiales de la Guardia Civil Fidel del Hoyo, Cándido Acedo y Ángel Vaquero, "porque han salido de unas bocas y de unos espíritus dominados por el interés".

Sobrenombres acertados

El juez da también "mucha relevancia" a la "tozuda negativa" de los guardias civiles a reconocer que quienes desempeñaron misiones antiterroristas "eran conocidos por sus correspondientes apodos". Gómez de Liaño considera "verificado" que Dorado era conocido como Kike; Pedro Gómez Nieto, como El Alemán, "por ser rubio, con ojos azules y pelo caído"; José Domínguez, como El Goli, "por su estatura y gordura", y José Romero, como El Moro, "por su bigote ancho y grande". El juez asegura que ha podido confirmar personalmente "el acierto de estos sobrenombres".

Gómez de Liaño asegura que no presenta "grandes complicaciones" calificar el comportamiento de Elgorriaga en la causa: "Crea, desencadena y hasta incrementa el peligro que existe para las vidas de Lasa y Zabala". En cuanto al secuestro, dice que "nada más y nada menos que el gobernador civil de Guipúzcoa facilita el lugar donde las detenciones se van a llevar a cabo", y que, según el juez, fue el palacio de la Cumbre, en San Sebastián.

Elgorriaga, añade el auto, estuvo de acuerdo con el plan, de modo que "entre él y los demás -de momento, Felipe Bayo, Enrique Dorado, etcétera-, existe un vínculo de solidaridad penal que le hace partícipe en igual grado de responsabilidad.

Sobre las torturas, considera que Elgorriaga visitó a Lasa y Zabala en La Cumbre, "ve cómo son objeto de torturas y lo consiente". "No está demostrado que Elgorriaga ejecutara el hecho típico del tormento, pero si que su actividad fue imprescindible para la consumación del propósito delictivo de los verdaderos autores de los sufrimientos padecidos por Lasa y Zabala".

El juez le procesa también por los dos asesinatos al considerar que no hizo "algo a lo que estaba obligado". "Siendo Elgorriaga la máxima autoridad dé la provincia y al haberse constituido en la posición de garante de las vidas de los dos chicos, concretada en una muy específica obligación legal y moral de actuar para poner fin al riesgo previamente creado, su omisión equivale a la comisión en términos tan precisos y nítidos como esta forma de participación delictiva", afirma.

A Rafael Vera le imputa el encubrimiento de los delitos con la única base de las declaraciones del ex prófugo Luis Roldán, a quien "cada cual es muy libre", dice Gómez de Liaño, de concederle "la credibilidad que tenga por conveniente". El juez añade que la baja, mediana o alta categoría moral de un declarante ni avala ni anula obligatoriamente el valor de lo que se declara".

El juez arremete contra Vera y dice que, si se admitiese su tesis de, que jamás pueden decir verdad los acusados de grandes delitos, "en ese caso la memoria no podría ser tan sectaria como para olvidarse del propio Vera". Gómez de Liaño recuerda "la impensable descompostura" de Vera, "que hasta llegó a insultar a Luis Roldán, si bien luego hizo sana reparación al pedir disculpas", y concluye que "Roldán está en mejor disposición de decir verdad".

El juez acuerda el procesamiento de Vera, pero no de Roldán, a pesar de que en su propio auto asegura que lo que contó Roldán "dista mucho de beneficiarle" y que él mismo "no descarta que actuase pasivamente ante los desafueros que denuncia".