Un libro contra un Estado

"Hay que concienciar a la opinión pública para que se olvide de las llamadas conquistas sociales del Estado de bienestar, a las que se viene calificando de irrenunciables", afirmaba rotundo Rafael Termes el pasado miércoles, cuando presentaba a los medios de comunicación, en la sede de la CEOE, el Libro Blanco sobre el papel del Estado en la economía española. Decir que el mayor incentivo del paro es el subsidio de desempleo, por lo que debe abaratarse el despido y limitar los plazos de percepción del seguro de paro, es una declaración de guerra a los sindicatos.El libro, en el que han participado una decena de profesores y catedráticos, bajo la dirección de Termes -entre ellos el secretario de Estado de Presupuesto y Gasto, José Folgado, José Luis Feito, Julio Pascual, Jesús Huerta de Soto o José Luis Pérez de Ayala, ligados muchos de ellos de una forma u otra a la derecha-, realmente va más allá de lo que es la liquidación del Estado de Bienestar: lo que pide es la práctica desaparición del propio Estado, al plantear la vuelta a los orígenes del Estado primitivo. Las reacciones -a favor y en contra- no tardaron en surgir. Incluso el Gobierno del PP tuvo que apresurarse a afirmar que no estaba en cuestión ni el despido ni las pensiones.

Y es que en el trabajo, cuya elaboración ha durado dos años, se asegura que el Estado debe limitar su actuación a cinco funciones: proporcionar un marco legal al que deben acomodar su comportamiento los particulares y las autoridades, preservar la integridad territorial de la nación, garantizar la seguridad de las personas y las cosas, exigir el cumplimiento de los pactos libremente concertados y las indemnizaciones derivadas de sus incumplimientos y hacer la pertinente provisión de bienes públicos. No hay lugar, pues, para el Estado-empresario: hay que vender todas las empresas públicas; ni para el Estado-asegurador: hay que privatizar la seguridad social, según el libro.

"El Libro Blanco no plantea argumentos intelectuales, es pura propaganda ideológica dirigida a influir en un indeciso Aznar y a atemorizar a los sindicatos", afirma Enrique Gil Calvo, profesor de Sociología de la Universidad Complutense. "Me parece que el libro plantea una serie de propuestas prácticas y sensatas" replica Pedro Schwartz, catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Autónoma de Madrid.

"Debo aclarar que este libro no es un documento de la CEOE y que nuestra organización no va a proponer al Gobierno que lo asuma", se apresuraba a explicar José María Cuevas, presidente de la patronal, en el acto de presentación. "Nos consta que el mundo empresarial es muy amplio y que algunas de las afirmaciones de este trabajo deben ser objeto de debate interno en la organización", añadió.

"Dudo que la patronal asuma la totalidad- de las tesis expuestas en él", señala Ángel Berges, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autonoma de Madrid, quien prosigue: "Ahora bien, es una carga ideológica de profundidad con unas posiciones extremistas que buscan conseguir algo".

El debate se adivina muy duro. Centrándose únicamente en las propuestas de reforma del mercado laboral, de las pensiones y la sanidad, el enfrentamiento con los sindicatos está servido.Y quizás no solamente con éstos.

"Un desequilibrio del mercado de trabajo de la magnitud del que tenemos en España no se podrá reducir hasta niveles comparables a la media europea sin una caída significativa de los costes laborales en términos reales", de los más altos de Europa, se afirma en el estudio. Para ello hay que aumentar la flexibilidad laboral, reducir las cargas sociales, recortar el subsidio de paro y limitar los convenios colectivos.

Así que los autores del Libro proponen abaratar las condiciones de despido mediante la eliminación del trámite administrativo previo en despidos colectivos; rebajar la indemnizacion por despido por causas objetivas (individual o colectivo) a 20 días por año trabajado, con límite de 12 mensualidades, y rebajar también la indemnización máxima por despido improcedente (individual o colectivo) a 30 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades.

La reducción de las cargas sociales, por su parte, afectaría sólo a las empresas, no a los trabajadores, porque "se han situado entre las más elevadas de Europa y porque es deseable que el trabajador se habitúe a considerar las cargas sociales como parte de su remuneración".

"Desde el punto de vista técnico, si hoy se pusiera en marcha el abaratamiento del despido, el consumo caería en picado", explica Berges. "La actual debilidad del consumo se debe a la falta de estabilidad en el empleo".

"Los mercados posiblemente acogerían positivamente a corto plazo un mayor grado de liberalización del mercado del trabajo", señala Guillermo Marín, director de Beta Capital, "pero a largo plazo creo que las tensiones sociales que se generarían por la pérdida de las conquistas sociales terminarían por influir negativamente en la inversión".

Marín coincide con Berges en que el abaratamiento del despido influiría negativamente en el consumo.

Los autores del Libro Blanco también recortarían los subsidios de paro a un máximo del 65% del salario anteriormente percibido y durante un máximo de un año, plazo a partir del cual el trabajador estaría sujeto al desempleo asistencial.

"Recortar los subsidios de paro no es admisible, incluso desde el punto de vista neoliberal, ya que se recoge un derecho individual de las personas que han estado cotizando", protesta Gil Calvo.

Igual de contundente es el pensamiento de los autores del Libro respecto al futuro de la Seguridad Social: "El sistema se basa en la idea paternalista de que las personas son, por naturaleza, imprevisoras y que, por lo tanto, es necesario establecer un sistema obligatorio y omnicomprensivo".

Por consiguiente, la labor del Estado podría quedar "limitada al nivel mínimo de asistencia social que se estimara necesario, en relación con aquella minoría de la población que, por diversas razones (imprevisión, mala suerte, etcétera) llegara a la vejez sin haber cubierto por su cuenta las necesidades más imprescindibles".

En función de esas argumentaciones, los autores del Libro proponen regular y apoyar fiscalmente los planes de pensiones privados, incorporando obligatoriamente a todos los jóvenes que comiencen su vida profesional. Al mismo tiempo, la Seguridad Social y el Estado "han de continuar haciéndose cargo del pago de las pensiones a los ya jubilados (o que lleguen a la jubilación dentro del sistema público)".

"La derecha no quiere volver al siglo XIX, lo que sí busca es dirigir el siglo XXI, señala Gil Calvo. "Parece evidente que es necesario reconstruir el Estado de bienestar, pero la batalla es si esa reconversión la pilota la izquierda o la derecha".