IU critica que el 'decreto Aznar' hurte a los plenos el control de los proyectos urbanísticos

Izquierda Unida criticó duramente ayer el decreto-ley sobre el suelo aprobado el pasado viernes por el Gobierno, porque otorga a los alcaldes nuevas competencias en detrimento del pleno municipal. Éste pierde la capacidad para la aprobación inicial y provisional de los planes urbanísticos. El Ministerio de Fomento afirmó que con esta reforma "se pretende una agilización", y que "el alcalde será el que tenga las competencias sobre los instrumentos para poner en marcha el Plan General". El coordinador de IU, Julio Anguita, que visitó ayer al alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, se refirió a las nuevas normas en tono contundente: "Entran como Atila, rey de los hunos, en esta ciudad".

Las modificaciones afectan a la Ley de Bases del Régimen Local. Esta establece que el pleno municipal, formado por todos los concejales y, por tanto, con representación de los grupos políticos, es el órgano que aprueba todos los instrumentos de ordenación urbana interviniendo en todos y cada uno de los trámites de aprobación.Con el nuevo decreto-ley sobre el suelo, esto se modifica sustancialmente y al pleno sólo le corresponde la aprobación "que ponga fin a la tramitación municipal de los planes e instrumentos de ordenación urbanística". Por contra, los alcaldes amplían sus competencias a la "aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo de los planes generales y de gestión urbanística no expresamente atribuidos al pleno, así como la de los proyectos de urbanización".

Según Paco Herrera, portavoz de IU en el Ayuntamiento, si la nueva norma, pendiente aún de su tramitación en el Congreso de los Diputados, se aplicase al nuevo Plan General, significaría que "dos tomas de decisión previas a la aprobación final -la aprobación inicial y la provisional- se quedarían sólo en manos del Alcalde". Es decir, se reducen sutilmente pero de manera contundente las competencias de los grupos municipales en materia urbanística.

Conflicto de intereses

Fomento reconoció ayer que "efectivamente, se cambian las atribuciones de los alcaldes", pero discrepó de la interpretación dada por IU. "El pleno sigue teniendo atribuciones sobre el Plan General, y el alcalde sobre el plan parcial y proyectos de urbanización", afirma un portavoz del departamento. Con ello "se pretende una agilización de los trámites; que no se tenga que llevar todo al pleno", concluyó. Fue un plan parcial, por ejemplo, el que permitió la construcción de las Torres KIO en la Plaza de Castilla, que modificaron sustancialmente la configuración urbanística de la zona.Julio Anguita, que acompañó a Paco Herrera en sus manifestaciones, destacó que "es en el urbanismo donde más se da el conflicto de intereses y donde se ve la derecha y la izquierda; el urbanismo separa en una línea divisoria a unos de otros; y lo dice un ex-alcalde", afirmó en una alusión directa a su etapa como regidor de Córdoba.

El coordinador general de IU aprovecho su visita para recordarle a Álvarez del Manzano el deseo de su grupo de que Dolores Ibárruri cuente con una calle en Madrid. Una petición que ya fue rechazada por el alcalde madrileño hace un año.

Para avalar su propuesta Anguita recordó ante los periodistas que la izquierda, "cuando pasea por Madrid, se encuentra con ciertas estatuas equinas o ecuestres". "En cambio", continuó, "la derecha montaraz e hija del cura merino no admite que nombres egregios, internacionalmente reconocidos, tengan una calle".

Con respecto a las últimas decisiones del Gobierno de José María Aznar, Anguita criticó especialmente la reducción del 15% al 10% del terreno que deben ceder los particulares al Ayuntamiento para los equipamientos colectivos y afirmó que la "política del Partido Popular merece una contestación amplia, rotunda, profunda en las instituciones y en la calle".

Álvarez del Manzano reconoció que el decreto del Gobierno tiene una incidencia importante en la actividad municipal. El alcalde afirmó que el Plan General no va a sufrir demoras y se aprobará en julio. Tras eso, pasará a la Comunidad para su aprobación definitiva.

No obstante, Paco Herrera dudó que puedan cumplirse esos plazos y situó en un año el tiempo necesario para adaptar el Plan a los cambios que introducirá en él la aplicación del decreto del Gobierno.

Juan Barranco, portavoz del PSOE, considera por su parte que el decreto puede ser inconstitucional, ya que no tiene rango para modificar la ley de Bases del Régimen Local.