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El Tribunal Superior de Justicia encausa al ex presidente de Baleares

Gabriel Cañellas, ex presidente del Gobierno balear y del PP, comparecerá como imputado en dos sumarios diferentes en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Dos jueces y dos fiscales le investigarán para esclarecer sus presuntas responsabilidades penales en los dos escándalos más graves de corrupción que han llegado a los juzgados insulares en el último decenio: el caso Sóller y el caso Calvià.

El caso Sóller se generó por un posible cohecho por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión en 1989 de un túnel de peaje. El Calvià, por el intento de soborno con 100 millones de pesetas a un edil socialista en 1992. Rafael Perera, su letrado, explicó ayer que Cañellas "está arrostrando los peligros con garbo y seguridad: tiene batallas políticas y judiciales".En el primer asunto, Cañellas, que es diputado y ejerce un activo control sobre la vida política balear, está imputado por el fiscal por un posible delito de cohecho o un delito continuado de prevaricación bajo la sospecha de haber recibido 1,6 millones para su fundación privada y 40 para el PP en 1990. En el segundo, un juez le señala como la persona que autorizó la trama del PP que intentó derrocar a la alcaldesa socialista de Calvià mediante la compra de un voto.

El fiscal del caso Sóller, Juan Carrau, sostiene que el ex presidente y su Gobierno alteraron los resultados de un concurso público para agraciar con la concesión del túnel a un socio de Cañellas, quien se habría reunido con él en su despacho antes de redactarse las bases. En concreto, indica también que se cambió el orden de la prelación de ofertas que eran más convenientes a los intereses generales.

La compañía que resultó concesionaria, controlada por Antonio Cuart, está acusada de entregar 40 millones al PP. Cuart, que tuvo un fiasco financiero que retrasó el túnel seis años, y el PP lo niegan. IU, que ejerce de querellante, solicitó ayer al juez, Juan López Gayá, una nueva declaración de los proveedores de las campañas electorales del PP de 1990, que cobraron con cheques procedentes posiblemente de fondos del túnel. Entre otras, figuran agencias de publicidad y buzoneo.

Acerca del caso Calvià, por el que se condenó a dos militantes del PP y a un comisionista, el juez José Castro, que resucitó la instrucción, determinó que Cañellas conoció y autorizó el soborno. Su tesis está basada en las confesiones de uno de los militante condenados y de otros testigos.

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